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EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SUSPENDIO ALGUNAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TIERRAS Y DESARROLLO AGROPECUARIO

Por Gilberto Bruzual Baez*

En decisión del 3 de septiembre de 2002, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional acordó amparo cautelar, suspendiendo algunas artículos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Los mismos se refieren al proceso de liquidación del Instituto Agrario Nacional (IAN). Se ordenó restablecer la situación jurídica de los trabajadores de ese Instituto a quienes se les ha aplicado medidas de retiro con fundamento en las disposiciones impugnadas hasta tanto exista un pronunciamiento definitivo sobre la acción de nulidad por inconstitucionalidad propuesta por la Federación de Institutos Autonomos y Empresas del Estado (FENATRIADE).

La ponencia es del Magistrado Luis Eduardo Cabrera. Se declara parcialmente con lugar un amparo cautelar, ordenándose la suspensión de determinadas normas transitorias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario relacionadas con la liquidación de ese Instituto.

Consideró la Sala que existe la posibilidad de una violación de derechos laborales, al no señalar entre otros aspectos qué organismos asumirian las obligaciones del Instituto Agrario Nacional, como tampoco se señala que organismos del Estado responderan por las obligaciones laborales y de dónde saldran los dineros o recursos economicos para cumplir esos compromisos.

El dia 7 de junio de 2002 la ciudadana Ligia Pulido de Navas, Presidente de la Federación de Institutos Autonomos y Empresas del Estado (FENATRIADE), solicitó por motivos de inconstitucionalidad conjuntamente con acción de amparo cautelar la nulidad de varias disposiciones legales de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario publicada en Gaceta Oficial Nº 7.723 del 13 de noviembre de 2001.

La accionante solicitó como medida cautelar se prohibiera la ejecución y el cumplimiento de los dispositivos contenidos en las disposiciones jurídicas impugnadas por cuanto vulneran los derechos laborales de sus representados al contener un procedimiento de liquidación del IAN, cuyo objeto es retirar y liquidar el personal que labora para el mismo, lo cual es inconstitucional, ya que constituye una violación del derecho del trabajo, la estabilidad laboral, la igualdad laboral, la exigibilidad de sus prestaciones sociales en forma inmediata y conforme a la convención colectiva que rige. Además, denunciaron que la Junta Liquidadora creada por la Ley no establece ningún acuerdo con los trabajadores del IAN, que garantice sus derechos laborales, como su estabilidad laboral y otros beneficios.

Estimó la Sala Constitucional, sin que ello implique un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, considerar parcialmente con lugar el amparo cautelar y decidir la inaplicacion juridica de las Disposiciones Transitorias Quinta, ordinal 7; Sexta, ordinal 3; Decima y Decima primera de la Ley, por lo que se suspende la aplicación de ellas y debe restablecerse la situación jurídica de los trabajadores a quienes se les ha aplicado alguna medida con fundamento a esa normativa, hasta tanto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie en forma definitiva acerca de la acción de inconstitucionalidad propuesta. La Sala ordenó notificar al presunto agraviante en la persona del Presidente de la Asamblea Nacional , asi como al Instituto Nacional de Tierras en la persona del Presidente de su directorio, para que si lo estiman pertinente, formulen oposición contra la medida acordada, dentro de 48 horas siguientes a su notificación, supuesto en el cual se convocara para una audiencia oral y publica que se efectuara el tercer día siguiente a la formulación de la oposición a fin de que las partes expongan sus alegatos. Igualmente se ordenó la notificación del Ministerio Público y de la Procuraduría General de la República. El procedimiento está comenzando, esperemos los resultados.

*Profesor universitario.
Corredactor de la Ley Orgánica del Trabajo.

gilbertobruzual@latinmail.com

editadao por dombruz / bruzdom