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Ponencias
El Règimen de las Pruebas

*

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL REGIMEN DE LAS PRUEBAS EN EL NUEVO PROCESO LABORAL ORDINARIO DE LA LOPT *

Dr. Alberto Baumeister T.**

Sumario: Introducción. Promoción y evacuación de los medios de Prueba en la LOPT: Conceptos y principios aplicables. Los medios de prueba en la LOPT, principales particularidades en materia procesal laboral. Potestad probatoria de los jueces en materia procesal laboral. Tratamiento de la Carga de la Prueba. Conducta del Juez frente a la prueba. Reglas especiales. Conclusiones.

1.- Introducción:

Como todos sabemos nos reúne y es propósito de estas Jornadas la necesidad y conveniencia de examinar, analizar y estudiar la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo normativa que ha sido el resultado de discusiones, foros, y análisis de un proyecto que de la misma partió del Poder Judicial, concretamente como iniciativa de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia.

Hemos sostenido en foros anteriores sobre esta misma importante materia que tanto el proyecto en su momento, como el nuevo texto legal, han dado mucho que comentar, a unos los turbó visiblemente, otros todavía no terminan de comprender las razones y fundamentos del cambio y en que consisten los mismos, y finalmente, como siempre hay un grupo que alegremente ha interpretado y seguirá interpretando los principios e instituciones, a su leal saber y entender, o haciendo mas graves y extensivos los efectos de los cambios, o acortando sus consecuencias, porque irresponsablemente no encuentran aún la justificación ni utilidad de lo modificado .

En verdad, de manera general, puede destacarse que los cambios en su mayoría resultan drásticos y chocan con los principios ordinarios del proceso civil general, aun luego de adaptado a las nuevas directrices impuestas por la Constitución Nacional, en general, puede decirse pues, que fue un cambio estructural que no solo afecto el contenido y principios que regulan la materia, sino por procurar, y así se lo hizo conocer en foros y eventos, ventajas procésales y sobre protección al trabajador, aún todavía considerado parte débil de la relación jurídica laboral, con lo cual en cierto modo se coloca a dicha parte en posición privilegiada, lo que además fue aliñado con intervenciones, discursos y foros aupados por los propios Magistrados, donde vendieron infelizmente, que la nueva competencia del Trabajo, Era por y para el trabajador, y que con ella se derrumbaba el obsoleto y enmarañado aparataje jurídico del antiguo, (y hasta se tildo de desleal), iter procesal civil ordinario.

Lo dicho provocó desde su inicio un bloqueo a toda consideración ponderada del nuevo instrumento legal, amen de ponerse en duda la igualdad procesal que es principio y fundamento de ese y de cualquier otro proceso, pues no puede haber proceso, como medio para resolver los conflictos individuales, dar cumplimiento al sagrado deber de impartir justicia y procurar la paz de la sociedad con una toma de posición o declaración de principios que se fundamenten en ese proceder inicuo, esto es, la balanza de la justicia pre-inclinada hacia una de las partes.

Lo cierto del caso resulta ser que ya amainada la marea inicial, y por disposición de dicha Ley, luego de la vacante que la misma contemplaba para ir introduciendo los cambios formales y estructurales tanto en la competencia laboral, como en la implementación de las reformas adjetivas, medidas, equipos, sedes físicas, etc. que exige la nueva conformación de la Competencia Laboral, ya tendrá que aplicarse la nueva Ley, con todas sus novedades, principios e instituciones, pese a que hayan sido o no polémicos, que le hayan gustado o provocado desconcierto a la parte patronal, especialistas y doctrinantes y no obstante las necesarias correcciones que habrán de hacerse a esos principios indebidamente juzgados e interpretados.

En esta Charla afrontará los comentarios y observaciones sobre uno de los temas mas trascendentes del nuevo proceso ordinario laboral, esto es, el relacionado con los Medios Probatorios, las Potestades del Juez en materia de Pruebas, y valoración y control de las pruebas en el Proceso Laboral conforme la nueva LOPT.

Como lo hemos venido sosteniendo, advertimos de una vez, no obstante lo reciente del nuevo ordenamiento legal y del cuidado que se tuvo en el tiempo de preparación y discusión del proyecto y sus reformas ulteriores, que no todo quedó dicho, ni lo dicho acaparó adecuadamente cuanto tenía que decirse en la materia.

Hay conceptos confusos, redacciones un poco desacertadas, y procuraremos señalar todo ello para ir buscando soluciones e ir interpretando en la mejor forma la voluntad auténtica del Legislador, sin que tampoco pretendamos que en el corto tiempo que gentilmente se nos ha fijado para nuestras exposiciones, agotemos el tema, ni tengamos la última palabra en la materia.

En todo caso iniciaremos nuestras observaciones destacando que la nueva Ley en la materia objeto de esta charla, contiene importantes novedades tanto respecto de la ahora ley derogada, como con relación al modelo prototipo del proceso civil ordinario, al cual de paso sea destacar ni siquiera se lo reconoce en la LOPT carácter de fuente supletoria, por una denotada posición de excluir y reputar inadecuado, injusto e insuficiente todo lo relacionado con el esquema de funcionamiento del Proceso Civil Ordinario, tal como si el mismo fuera la causa aun remota de la no adecuada marcha de la justicia en nuestro país, ni de los desaguisados, que día a día con mayor frecuencia se cometen bajo la excusa de que se está cumpliendo con la función de impartirla para resolver los conflictos de los justiciables.

Podemos afirmar entonces que en esta materia la LOPT tiene su perfil muy propio y especial, ajeno al modelo tradicional del Código de Procedimiento Civil de 1987 .

Advertimos por igual, a pesar de esas innovaciones, la LOPT no resulta la panacea para solucionar y mejorar definitivamente los problemas derivados de una justicia lenta, de una calidad no suficiente ni deseable, y de la necesidad de que las decisiones sean además expeditas y las mas adecuadas para lograr la paz social.

Tales beneficios y buenos deseos para nuestra justicia, tengamos por seguro dependerán de otros factores ajenos en sí al Proceso y al procedimiento laboral, tanto nuevo como viejo.

De una vez alertamos sobre la existencia de problemas graves que se harán presentes con ocasión del tramite del nuevo proceso laboral, y quiera la suerte, que realmente se haga uso de la potestad evaluadora y consecuencialmente correctora de la nueva Ley , si es que tales problemas realmente son causa del fracaso, desmedro o mal empeño en la aplicación de la Ley, o si los cambios que se vislumbren procedentes, son los menester para mejorar las nuevas instituciones, todo en beneficio de una mejor administración de justicia.

Precisa recordar aquí, además, que muchos de esos cambios, han sido inducidos, o encuentran su requerimiento, en la propia Constitución Nacional , pues no tienen raíces en el sistema tradicional procesal venezolano, ni en la anterior Ley que regula dicho campo e igualmente otros son producto de un nuevo posicionamiento del Derecho Procesal Venezolano Laboral, dentro de los principios y garantías constitucionales para afianzar lo que se quiere sea la nueva justicia laboral.

Como ya lo hemos sostenido en oportunidades anteriores en que nos ha tocado de alguna manera referirnos al nuevo Procesal Laboral venezolano, los cambios de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en lo sucesivo LOPT, como en la mayoría de otras leyes procésales vigentes en el país para la fecha de promulgación de la CN en efecto, en torno a la modalidad y principios que deben regularlos han ameritado considerables ajustes, entre otras razones, porque la nueva carta fundamental ha proclamado como modelo de proceso más justo y expedito para lograr la justicia un nuevo prototipo cuyos caracteres relevantes han de ser la inmediación, la oralidad, su brevedad, gratuidad y exigiéndose que por igual sea público pero en verdad en el campo de lo procesal laboral, modestamente estimamos que en algunos casos se pecó por desconocimiento de lo que se proponía, y en otros en la extensión de lo que debía entenderse era voluntad del Constituyente.

2.- EL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LOS CAMBIOS EN EL NUEVO PROCESO LABORAL, EXPRESO RECONOCIMIENTO EN LA CARTA MAGNA DE LA COMPETENCIA LABORAL Y DE LOS PRNCIPIOS QUE REGULAN EL PROCESO Y LA COMPETENCIA LABORAL.

A diferencia de otras materias, tan o más importantes que la laboral y que la procesal laboral, la CN dio un tratamiento especial a aquella, en efecto asì se evidencia de lo contemplado en la disposición transitoria Cuarta, numeral 4 de la C N, que determina claramente:

Dentro del primer año, contado a partir de su instalación la Asamblea Nacional aprobará:..
4.- Una Ley orgánica Procesal del Trabajo que garantice el funcionamiento de una jurisdicción laboral autónoma y especializada, y la protección del trabajador o trabajadoras en los términos previstos en esa Constitución y en las leyes. La Ley Orgánica Procesal del Trabajo estará orientada por los principios de gratuidad, celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, la equidad y rectoría del juez o jueza en el proceso.

El primer planteamiento sobre el cual vale la pena destacar la atención en cuanto al pensamiento del constituyente es sobre lo que pareciera fundamento del nuevo sistema de justicia en Venezuela, esto es, si continuamos bajo el esquema de una jurisdicción de Derecho, o hemos cambiado al denominado sistema de la jurisdicción de equidad, y al respecto es conveniente recordar igualmente el contenido del artículo 2 de la misma CN, el cual precisa:
Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Pero por ahora solo queremos llamar la atención sobre esas disposiciones de contenido constitucional en torno al proceso laboral, asì como en lo atinente a como debe manejarse e impartirse esa justicia. Mas adelante, al referirnos a los modos de apreciación de las pruebas, volveremos a insistir sobre este importante tema, para dejar a un lado las dudas y establecer el como y el porque de la conducta del juez en los procesos laborales.

Como puede observarse fue mandato expreso del legislador, crear una JURISDICCION (sic) COMPETENCIA ESPECIAL JUDICIAL LABORAL, expresamente recalcada por la CN., exclusiva y excluyente, fuero atractivo de todo lo que se relaciona con lo laboral y con seguridad social en lo relativo a los trabajadores, por lo tanto, se preservo cuando menos el interés especial y muy particular que todo lo relacionado con esta competencia sea manejado, interpretado, aplicado y ejecutado por jueces especiales, en contra de la ahora deplorable tendencia a generalizar las competencias en Venezuela

3.- LOS MEDIOS DE PRUEBA EN LA LOPT REGLAS PARA SU PROMOCION Y EVACUACION.

3.1. Finalidad de los medios de prueba:
La nueva LOPT en su Art. 69 precisa atinadamente y con una nueva e interesante redacción , el objeto y fin de los medios probatorios en el proceso, destacando, en palabras del maestro Ricardo Henríquez La Roche la tríada de objetivos de la actividad probatoria, esto es los mismos son para: acreditar los hechos alegados, convencer al juez sobre la existencia de esos hechos y a partir de esa convicción, servir de fundamento al sentenciador para aplicar la norma cuyo supuesto normativo subsume a tales hechos comprobados.

Con esta clara enunciación de objetivos, se brindan al juez claros criterios para el manejo de la incorporación de los medios probatorios al juicio y la importancia de su adecuado manejo en el proceso, en efecto, como sostiene el versado Profesor Henríquez La Roche, a partir del primero se colige la inadmisibilidad de las pruebas por IMPERTINENCIA, en tanto que se las promovidas no tienen relación con los hechos relevantes alegados y que son objeto de la litis, son del todo inútiles en ese proceso, y así debe declarárselo.

Conforme al segundo anota el citado Profesor, se deduce la también inadmisibilidad por la INIDONEIDAD ( o no-conducencia) del medio probatorio, esto es, que por naturaleza propia, los mismos carecen de la aptitud para producir en el juez una valoración positiva y el establecimiento de uno o mas hechos de los discutidos en ese proceso.

Debe entenderse por tal conducibilidad de las pruebas, el sentido de disponibilidad del medio acreditatorio, que no solo su aptitud o fuerza de convicción en cuanto tal, de manera que, por ejemplo, si bien es cierto que los medios instrumentales serian los mas seguros para demostrar los hechos, no siempre serán los mas conducentes en tanto su disponibilidad en materia laboral será mas conspicua, no siempre serán disponibles para las partes, en tal sentido la testimonial será mas conducente en materia laboral, si bien no la exclusiva.

Finalmente, conforme al tercer elemento, en efecto con los medios probatorios el juez debe fundar su convicción y fundamenta el fallo expresamente, por ello queda sujeto a la necesaria valoración de cuantas pruebas cursen en autos ( Art. 509 CPC), las cuales deben ser apreciadas conforme al principio de la sana critica ( Art. 10 vid. Infra) y es quizás este último aspecto el mas delicado e importante del medio probatorio, pues si no se lo aprecia lógicamente, exponiendo razonadamente en el fallo los criterios usados para su valoración y el valor de convencimiento producido, se irrumpe contra la regularidad del fallo, y el mismo carecerá de valor apodíctico ante la ciudadanía y las mismas partes, al no quedar debidamente justificada la subsunciòn de los hechos controvertidos en las premisas de las normas jurídicas dispuestas aplicar.
3.2 La mecánica de incorporación de las pruebas en la nueva LOPT.

Del nuevo texto legal se desprende que son perfectamente definibles y diferenciables los tres estadios clásicos en torno al proceso de incorporación de las pruebas al proceso, esto es, el de promoción, el de admisión y el de evacuación de dichos medios probatorios en el proceso laboral, y en torno al como y ante quien se cumplen, algunos autores ven por igual especiales características que diferencian el proceso laboral de otros.

En efecto Humberto Enrique Tercero Bello Tabares expresa:

Por su parte, la fase o etapa probatoria, estará conformada por los actos procésales de proposición o promoción de las pruebas; incorporación de los medios probáticas a las actas procésales; Oposición o contradicción a la admisión de los medios de pruebas propuestos; admisión o providenciación de las pruebas; y evacuación o materialización de las pruebas propuestas, incorporadas a las actas procésales y admitidas por el operador de justicia; actos procésales éstos que se realizarán en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio, ante el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución y ante el juez de Juicio respectivamente.

Como cuestión particular y tal como lo señala el mencionado autor, observamos que las gestiones de alegato y aportaciones probatorias se cumplen ante los dos jueces que ahora intervienen en el juicio laboral, esto es, ante el de Sustanciación, Mediación y Ejecución, y también ante el Juez de Juicio del mismo.

A consecuencia del impuesto sistema de oralidad y su consecuente consecuencia de inmediación, y por la forma como viene dividido el proceso, observaremos igualmente que mientras la fase de aportación se cumple plenamente ante el primero de dichos citados jueces, a pesar de que para nada puede considerar, juzgar u opinar sobre dicho material, y ello, también en forma inexplicable a juicio del suscrito y por igual parece ser el criterio de otros autores que tratan el tema, tal alegación o aportación de las pruebas se la hace, aun antes de conocer propiamente la contestación de la demanda, lo que además de carecer de buen sentido, pues no sabemos para aportamos, si desconocemos los hechos que enervarán la pretensión del demandante, resulta perjudicial al propio accionante, que como sabemos en la generalidad de los casos lo será el trabajador, presunto débil jurídico al cual la Ley pretende darle especial trato para mantener la estricta igualdad ante la justicia.

Tal acto de promoción se cumple en la audiencia preliminar (Art. 73), que conforme a la Ley puede prolongarse, correspondiendo al Tribunal incorporarlas al expediente, para su admisión y evacuación por ante el Juez de Juicio (Art. 74); siendo este último quién deberá decidir sobre la admisión de las pruebas, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del expediente, siendo apelable la decisión sobre la negativa de admisión (Art. 75 y 76).
Esto es, la oportunidad para proponer la recepción de las pruebas para ambas partes, conforme a lo normado en el artículo 73, la misma será en la propia audiencia preliminar, sin que puedan proponerse medios probatorios en otra oportunidad procesal, salvo que la Ley disponga lo contrario.
De esta manera la norma en comento expresa:

La oportunidad de promover pruebas para ambas partes será en la audiencia preliminar, no pudiendo promover pruebas en otra oportunidad posterior, salvo las excepciones establecidas en esta ley.

En este sentido, en la propia audiencia preliminar las partes deben proponer o promover todos y cada uno de los medios probatorios que utilizarán para demostrar sus extremos de hecho controvertido, caso en el cual, conforme a lo previsto en el artículo 74 Ejusdem, el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, concluida como haya sido la audiencia preliminar, en ese mismo acto, deberá incorporar a las actas procésales los medios probatorios ofrecidos por las partes.
Será pues en la audiencia preliminar, una vez agotados los intentos de mediación y arreglo voluntario del proceso, y agotados los trámites y diligencias del Despacho Saneador, que el juez de sustanciación, una vez concluida la audiencia preliminar, dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes, le recibirá al demandado la contestación a la demanda, situación esta que nos lleva a determinar, que las pruebas en el novedoso proceso laboral, son propuesta o promovidas sin que todavía se encuentre trabada la litis, lo que como dejamos anotado y destaca Bello T , llama la atención, pues sin que exista contestación de la demanda, sin que se haya trabado la litis, sin que se sepan cuales hechos han sido expresa o tácticamente admitidos por el demandado, las partes deben desplegar su actividad probatoria, específicamente aportar los medios de pruebas tendientes a demostrar aquellos hechos que a esa altura o momento del proceso, no se saben si serán objeto o no del debate probatorio

En cuanto a la admisión de las pruebas, dicho acto procesal será cumplido por el Juez de Juicio (Art. 74); este último deberá decidir sobre la admisión de las pruebas, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del expediente, siendo apelable la decisión sobre la negativa de admisión (Arts. 75 y 76).

3.3: ¿ Cuales son los medios de prueba en la LOPT?

Igualmente en esta materia se separa la LOPT del modelo prototipo del juicio ordinario procesal civil. Conforme a su Título VI (Art. 69 al 122) se regula todo lo relacionado con la prueba por escrito; la exhibición de documentos; la tacha de instrumentos; el reconocimiento de instrumento privado; la prueba de experticia y la de testigos; la tacha de testigos; la declaración de parte; las reproducciones, copias y experimentos; la inspección judicial y los indicios y presunciones.
Para poder abarcar el tema que se nos tiene asignado con nuestra charla, en torno a la materia probatoria en general en la LOPT, solo nos limitaremos a referirnos a los medios probatorios específicos, solo haremos referencia a los aspectos relevantes de las modificaciones que consideramos existen en el nuevo ordenamiento.

Conviene destacar por igual, que quedan excluidas de las pruebas admisibles en el juicio del trabajo, las posiciones juradas y el juramento decisorio (Art. 70) con motivos invocados en la Exposición de Motivos poco claros y menos sensatos .

Por igual se reconoce ahora como novedoso medio probatorio las llamadas declaraciones de partes ( Art. 103 LOPT), que para algunos es un nuevo modo de obtener la confesión , con lo cual por lo demás no estamos de acuerdo, en tanto las declaraciones de partes no son ni siquiera remotamente actos procésales con mecánica de confesión, si bien es de advertir que es un adecuado medio para mejor ilustrar al Juez que conoce del caso, sobre la verdad de los hechos.

En torno a este nuevo medio de prueba, observamos lo siguiente:

Si bien hemos dicho se excluye la prueba de posiciones juradas o confesión provocada del marco de la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual a nuestro juicio y el de otros autores parece injustificado, se regula en el artículo 103 la prueba de declaración de parte, conforme a la cual se permite que en la audiencia de juicio, el juez de Juicio pueda realizarle preguntas a las partes, pudiendo extraer de las mismas confesiones, todo en el entendido que las partes se considerarán juramentadas para responder las preguntas.

De esta manera, no se les permite a las partes proponer la prueba posiciones juradas o confesión provocada, pero el operador de justicia sí puede extraer de las preguntas que les formule a las partes en la audiencia de juicio, las confesiones correspondientes, circunstancia ésta que según la letra de la propia Ley, solo puede versar sobre la prestación de servicios, lo cual equivale a que la confesión que pueda obtenerse de las partes solo puede ser sobre hechos referente a la prestación de servicios, limitante esta que igualmente resulta cuestionable, por carecer de sustento jurídico y lógico, en tanto ciertamente que el juez pudiera extraer de las respuestas de las partes, cuando estas fueran desfavorable a sus intereses, la confesión sobre cualquier clase de hecho, y no exclusivamente sobre la prestación de servicios.

En este sentido, Bello Tavares advierte que no parece claro cual sea el motivo, la razón lógica y más aún jurídica de excluir la prueba de posiciones juradas, dejándole esa facultad exclusivamente al operador de justicia, quien por demás estará limitado injustificadamente, pues en la exposición de motivos nada se dijo al respecto- a la prestación de servicios.

Aunado a lo anterior Bello Tavares formula igualmente otras valiosas observaciones, y destaca que tampoco fue tomada en consideración por la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la eliminación del juramento para las preguntas que pueda formularle el juez de Juicio a las partes, con relación a la prestación de servicios.

Así, la doctrina tanto nacional como extranjera, de antigua data, dentro de las cuales podríamos precisar el pensamiento de los ilustres procesalistas Hernando Devis Echandía y Eduardo J. Couture , se ha venido pronunciando sobre la problemática que trae consigo la juramentación de las partes para que respondan en el interrogatorio de parte, por ser un resabio, un elemento anacrónico y un fósil jurídico, lo cual a la luz de la nueva Constitución y como expusiéramos, pudiera traer como consecuencia un infundado alegato de inconstitucionalidad de la confesión obtenida de las declaraciones de las partes, ello conforme al numeral 5° del artículo 49 Constitucional, por lo que hubiese sido más idóneo dejar no solo la viabilidad de la proposición de la prueba de posiciones juradas o eventualmente el interrogatorio libre de las partes, sino que también Hubiese sido prudente eliminar el juramento previo, bien en la forma tradicional, o por imperativo de Ley como sucede en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, todo lo cual evitaría eventuales problemas al respecto.

Sobre la prueba de exhibición de documentos, está establecido que cuando se trate de documentos que por mandato legal se encuentren en poder del empleador, bastará que el trabajador solicite su exhibición, sin necesidad de acreditar prueba alguna al efecto (Art. 82).

La tacha de falsedad de instrumentos, debe ser propuesta en la audiencia de juicio (Art. 84). Esto es razonable, ya que como se indicó, es al finalizar la audiencia preliminar, cuando se incorporan las pruebas promovidas, e informan las partes sobre los instrumentos en cuestión. El mismo criterio aplica en cuanto a la oportunidad para reconocer o negar la existencia de un documento privado (Art. 86).

En cuanto a la prueba de experticia, está dispuesto que los Jueces no están obligados a seguir el dictamen pericial, si su convicción se opone a ello, pero que deberán razonar los motivos (Art. 93). Se establece sobre la obligación de los funcionarios públicos con conocimientos periciales sobre una determinada materia, de aceptar el cargo de experto y rendir declaración cuando lo requiera el Tribunal (Art. 95). También, sobre la obligación en ese sentido de los expertos no funcionarios públicos, estando prevista una sanción, ante el incumplimiento en este último caso (Art. 96).

En aras de la celeridad necesaria, está establecido que es inexcusable la presentación oportuna de la experticia y de la declaración del experto, por la falta de pago de los honorarios correspondientes (Art. 97).

La tacha de testigos también debe promoverse en la audiencia de juicio (Art. 100).
Como lo adelantaos antes, la declaración de parte es una nueva prueba prevista en la Ley (Arts. 103 al 106), que resulta de las respuestas que en la audiencia de juicio formulen las partes a las preguntas del Juez, y se considera que las respuestas de aquellos (trabajador y empleador) se tendrán como una confesión sobre los asuntos que se les interrogue en relación con la prestación de servicio... (Art. 103). En caso de negativa o evasiva a contestar, el efecto es tener como cierto el contenido de la pregunta formulada por el Juez de Juicio (Art. 106). En todo caso representa el cambio radical que se le da a la confesión..., conforme la Exposición de Motivos.

Con relación a la inspección judicial, a diferencia de los previsto en el CPC (Segunda Parte Art. 234), es posible comisionar a un tribunal de la jurisdicción para que la practique (Parágrafo Único Art. 112)
Están previstas definiciones legales en cuanto a los indicios y presunciones (Art. 116 al 118), así como el efecto de las presunciones con carácter absoluto (Art. 119) y relativo (Art. 120). También sobre el razonamiento del Juez basado en las reglas de experiencia o en sus conocimientos (Art. 121) y la posibilidad que éste extraiga conclusiones en relación con las partes, atendiendo a su conducta procesal (Art. 122).

3.4 Incorporación de las pruebas ( evacuación de las pruebas):

Tal como lo norma el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, una vez finaliza la audiencia preliminar, es ese mismo acto el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, procederá a agregar las pruebas a las actas del proceso.

Propuestas o promovidas las pruebas ante el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, y una vez que han sido incorporadas a las actas procésales, vencido como haya sido el lapso para la contestación de la demanda, el expediente será remitido al juez de Juicio, a los efectos que se pronuncie sobre la admisión de las pruebas propuestas.

De esta manera, llegado los autos al juez de Juicio, tal como lo dispone el artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dentro de los cinco (5) hábiles siguientes al recibo del expediente, deberá producirse el pronunciamiento sobre la admisión o no de los medios probatorios propuestos, a cuyo efecto deberán admitirse aquellas pruebas que no sean manifiestamente ilegales ni impertinentes.

Algunas observaciones pertinentes en esta etapa:
Destaca Bello Tavares : La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no reguló en forma alguna en que oportunidad procesal las partes pudieran oponerse a la admisión de las pruebas propuestas, es decir, cual sería el lapso procesal para que las partes pudieran ejercer su derecho constitucional de la defensa que en materia probatoria se traducen en contradicción y control de la prueba, circunstancia esta que no puede traducirse que ante el vacío o silencio de la ley, las partes no pudieran ejercer dicho derecho, pues de ser así se estaría lesionando el contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el principio probatorio de la contradicción de las pruebas.

Pero no obstante al silencio de la Ley, a los fines de garantizar el derecho de contradicción de las pruebas, sostiene el comentado autor, que las partes pudieran perfectamente oponerse a la admisión de las pruebas propuestas desde el mismo momento en que éstas se promovieran en la audiencia preliminar, ante el juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, hasta antes que se produzca la admisión de las mismas por parte del Juez de juicio, es decir, que desde la proposición de las pruebas hasta el momento anterior en que se produzca su admisión, es tiempo hábil y útil para oponerse a la admisión de las pruebas, siendo indiferente que la oposición se presente al juez de Sustanciación, Mediación o Ejecución o al juez de Juicio.

En segundo término, destaca por igual Bello T, que la norma en estudio únicamente reguló como causales o motivos por los cuales el operador de justicia pudiera declarar la inadmisibilidad de los medios probatorios propuestos, la manifiesta ilegalidad y la impertinencia de los mismos, sin que se hubiesen tomado en consideración otros elementos que decretan igualmente la inadmisibilidad de los medios probáticos, tales como la inconducencia o inidoneidad del medio, la ilicitud, la irrelevancia, la irregularidad en su promoción o la falta de identificación del objeto de la prueba, como lo ha venido exponiendo la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia, especialmente de la Sala de Casación Civil, aplicable a los procesos laborales.

La creación de éste nuevo instrumento procesal, según el trascrito autor, era la oportunidad para que se incluyeran como motivos o causales de inadmisibilidad de los medios de prueba propuestos por las partes, la irrelevancia, ilicitud, inidoneidad o inconducencia del medio probático, la irregularidad en su proposición y la falta de identificación del objeto de la prueba, mas observamos que se desperdició la misma, por lo que seguirá siendo la doctrina y la jurisprudencia quienes determinen otras causales de inadmisilidad de las pruebas, diferente a la ilegalidad y la impertinencia manifiesta.

3-5: ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO AL CONTRADICTORIO DEBATE, SOBRE SI DEBE O NO INVOCARSE AL PROMOVER EL MEDIO, EL OBJETO DEL MISMO COMO PRUEBA:

En cuanto a que debe entenderse por tal, esto es, la identificación del objeto de la prueba o apostillamiento de la prueba como expresa el profesor español Lluis Muñoz Sabaté, la misma consiste en el razonamiento que debe hacer el proponente de la prueba al momento de su promoción, señalando que se pretende demostrar con el medio probático propuesto, para de ésta manera, no solo convencer al operador de justicia de su necesidad, evitando una posible inadmisión de la misma, sino también garantizar a la parte contraria, el derecho constitucional de la defensa traducido en la posibilidad de oponerse a la admisión de la prueba por inútil, dado que solo mediante la identificación del objeto de la prueba, mediante el señalamiento de la finalidad del medio propuesto, es que podrán las partes y el Operador de justicia verificar si las pruebas solicitadas no son manifiestamente ilegales, impertinentes, irrelevantes, inidóneas, inconducentes o ilícitas.

De esta manera señala Bello Tavares, la falta de identificación del objeto de la prueba producirá inevitablemente la indefensión del no proponente e impedirá al decisor controlar su utilidad, siendo éste el criterio que ha venido expresando la doctrina mas acreditada en nuestro foro probatorio y procesal y que ha sido proclamada primero por la Sala Plena del Tribunal Supremo, luego por la Sala Constitucional y finalmente acogida por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, pero así mismo ha venido siendo debatida y rechazada por la Sala Social, quien invoca para ello, que no existe norma expresa, que es un exceso ritualista rechazar la prueba por ese solo motivo, cuando que algunos medios, reproducen su objeto mismo.

Precisamente dicha discusión, aconsejaba entonces, que éste requisito debió ser previsto en forma expresa en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pues a través del señalamiento de los hechos que pretenden demostrarse con las pruebas propuestas, es que podría como señaláramos- determinarse la legalidad, relevancia, pertinencia, conducencia, idoneidad, licitud y en general, la utilidad de los medios probáticos, lo cual trae como consecuencia, que en el futuro pudieran presentarse en la práctica, luego de admitidas éstas pruebas irregularmente promovidas, en la oportunidad de su materialización o evacuación, como lo es en la audiencia de oral de juicio o probatoria, oposiciones diferidas con el objeto que en esa altura del proceso, el juzgador de pronunciare diferidamente de la inadmisiblidad sobrevenida de los medios probatorios propuestos, oposición ésta que se haría por conducto de las reclamaciones a que se contrae el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por vía analógica y que obligaría al juzgador a pronunciarse en el mismo momento en que se produjera la oposición.

En torno a este asunto, Bello Tavares opina que si el juez de Juicio observa que las pruebas han sido propuestas sin el correspondiente apostillamiento, deberá declarar su inadmisión, fundamentado en la irregularidad en la proposición de la prueba, todo ello a propósito, que no obstante, a que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo solo estableció como causales de inadmisión de las pruebas la manifiesta ilegalidad e impertinencia, sostenemos que el operador de justicia está en la obligación no solo de verificar el cumplimiento de estos extremos, sino también de verificar si las pruebas propuestas no son impertinentes, inidóneas, inconducentes, ilícitas y han sido promovidas regularmente.

Aunado a lo anterior, la única forma de dar cumplimiento al postulado legal contenido en la última parte del artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, conforme al cual el juzgador deberá ordenar la omisión de toda declaración o pruebas sobre hechos en que aparezcan claramente convenidas las partes, es decir, pruebas sobre hechos no controvertidos, es mediante el apostillamiento o señalamiento del objeto de la prueba, lo cual se traduce, en que éste requisito resulta impretermitible para dar cumplimiento a la norma en comento, y de no cumplirse con el mismo, la prueba habrá sido irregularmente promovida y deberá decretarse su inadmisión.

Respecto a la negativa de admisión, también vale la pena observar otra particularidad: En efecto la norma que lo contempla pareciera conceder la apelación solo contra la negativa de admisión de los medios probatorios, más pudiera pensarse que la admisibilidad de los mismos, no estaría sujeta a recurso de apelación, circunstancia esta totalmente irregular y que podría presentar problemas en la práctica judicial, pues el gravamen o el perjuicio que pudiera causar la inadmisiblidad de los medios probatorios propuestos, también pudiera producirlo la admisibilidad de los medios probatorios promovidos que no obstante a su admisión, fueran manifiestamente ilegales, impertinentes, irrelevantes, inidóneos, inconducentes, o irregularmente promovidos, por lo que Bello Tavares, entiende que lo procesalmente correcto hubiese sido que se concediera la apelación no solo contra la negativa de la admisión de las pruebas, sino también contra la admisión de los medios probatorios propuestos, ya que nuevamente reiteramos, que el gravamen o el perjuicio a los intereses de las partes, no solo se produce por la inadmisión de los medios de prueba, sino también por su irregular admisión .

En todo caso, para el comentado autor, si bien no se previó la apelación contra el auto que admitiere las pruebas propuestas, lo cierto es que tampoco fue prohibido, lo cual nos motiva a sostener, que el juzgador debe conceder la apelación cuando se produzca la admisión de los medios de prueba.

En cuanto a la evacuación propiamente dicha de las pruebas propuestas y providenciadas por el juez de Juicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 152 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y es ello una de las características especiales de este proceso oral especial, las mismas se harán en la audiencia de juicio de manera oral, oportunidad en la cual, luego de oídas las exposiciones o alegatos de las partes, se procederá a la evacuación de las pruebas, comenzándose por el accionante o demandante, en la forma y oportunidad que determine el Tribunal.

A tal efecto la norma en comento expresa:

La audiencia es presidida personalmente por el juez de Juicio, quien dispondrá de todas las facultades disciplinarias y de orden para asegurar la mejor celebración de la audiencia. Oídos los alegatos de las partes, se evacuarán las pruebas, comenzando con las del demandante y en la forma y oportunidad que determine el Tribunal...

De esta manera, en la audiencia oral de juicio o probatoria, se procederá a la evacuación de todos los medios probatorios propuestos, pero es pertinente señalar, que dada la naturaleza de algunos medios probatorios como se verá- pudiera suceder que algunos no fueran evacuados o materializados en ese momento, como sería por ejemplo- el caso de la experticia y de la inspección judicial entre otros-, pruebas éstas que pudieran no concentrarse en la propia audiencia, lo cual traería como consecuencia que su evacuación debiera realizarse antes de la audiencia de juicio, para que las resultas de su evacuación, efectivamente fueran discutidas en forma oral en la audiencia de juicio o probática.

Atinadamente observa Bello Tavares, en cuanto al procedimiento de la evacuación, que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a diferencia de otras leyes que contemplan procesos orales, no hizo señalamiento alguno en cuanto aquellas pruebas que por su naturaleza debían ser evacuadas en forma anticipada, esto es, antes de la audiencia de juicio, como lo serían las mencionadas pruebas de experticia e inspección judicial, por lo que consideramos, que de proponerse alguna de estas pruebas, en el caso de la experticia, una vez designados y juramentados los expertos, estos deberían realizar los actos pertinentes antes de la audiencia oral o de juicio, y obtenidas las resultas de la misma dictamen pericial-, se procediera a su debate, contradicción o tratamiento en forma oral, en la audiencia de juicio.

De no procederse de esta manera, llegado el caso de proponerse y admitirse la prueba de experticia, si llegada la oportunidad de su evacuación audiencia de juicio- los expertos solicitarán por lo complicado del asunto, que le concedieran unos días adicionales para realizar y consignar el dictamen pericial, se fragmentaría el principio de concentración de los actos procésales y de las pruebas, contenido en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo cual a su vez se traduciría, en que la audiencia de juicio tendría inevitablemente que diferirse y no podría dictarse en ese mismo momento el dispositivo del fallo, circunstancia ésta alejada del pensamiento de los proyectistas de la Ley y que va contra el espíritu y propósito de la audiencia oral o de juicio, dado que lo ideal es que al momento de la audiencia de juicio, se traten todos los hechos controvertidos, de evacuen las pruebas, se realicen las observaciones finales y sin diferimientos o prolongaciones se produzca el dispositivo del fallo.

En este sentido, con el objeto de evitar prolongaciones o diferimientos innecesarios de la audiencia de juicio, dando cumplimiento al principio de concentración contenido en el artículo 2 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sostiene Bello T que ante la ausencia de norma expresa, el juzgador juez de Juicio- al momento de pronunciarse y admitir las pruebas, de advertir u observar la proposición de la prueba de experticia, que por su naturaleza no podría evacuarse en la propia audiencia de juicio, deberá ordenar su materialización en forma anticipada para que de esta manera, obtenidas las resultas de la prueba, las mismas sean tratadas oralmente en la audiencia de juicio.

Esta misma circunstancia también se traslada a la prueba de inspección judicial, la cual pudiera recaer sobre lugares u objetos o cosas que por su naturaleza no pudieran llevarse a la sede del Tribunal de Juicio para ser examinadas por los sentidos del decisor, a cuyo efecto, para garantizar o dar cumplimiento al principio de concentración en comento, consideramos que el juzgador deberá ordenar la evacuación de esta prueba en forma anticipada, para que obtenida sus resultas -acta de inspección judicial- la misma sea tratada y discutida en forma oral en la audiencia de juicio.

De lo anterior coincidimos con el mencionado autor, que la evacuación de aquellas pruebas que por su naturaleza no puedan concentrarse en la audiencia de juicio, deberán realizarse en forma anticipada a la audiencia, para que sus resultas sean tratadas, discutidas y controvertidas en forma oral en la audiencia de juicio, oral o probatoria.

3. 6. ACTIVIDAD PROBATORIA OFICIOSA DEL JUEZ.

Dispone el artículo 71 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo:

Cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes sean insuficientes para formar convicción, el juez, en decisión motiva e impugnable, puede ordenar la evacuación de medios probatorios adicionales, que considere convenientes.
El auto en que se ordenen estas diligencias fijará el término para cumplirlas y contra él no se oirá recurso alguno.

Por su parte el artículo 156 Ejusdem señala:

El Juez de Juicio podrá ordenar, a petición de parte o de oficio, la evacuación de cualquier otra prueba que considere necesario para el mejor esclarecimiento de la verdad...

Con este sustento normativo, se le da al Juez la potestad de actuar activamente en el debate probatorio, pudiendo incluso ordenar la realización de pruebas para la formación de su convicción y para el mejor esclarecimiento de la verdad todo con miras a lograr una sentencia mas apegada a la verdad real, mas justa.

En cuanto a dicha norma caben las siguientes advertencias:
1.- El juez podría oficiosamente ordenar la evacuación de medios probatorios adicionales y que considere conveniente para formar su convicción, solo en la medida en que, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes fueren insuficientes para formar su convicción; pero es el caso, que para el momento en que puede ordenarse la evacuación de esos medios probatorios adicionales, como lo sería en la audiencia preliminar, pues es en este momento cuando se ofrecen los medios probatorios, como lo precisa la Ley, el operador de justicia no se encuentra en la capacidad de determinar si los medios probatorios ofrecidos por las partes son o no suficientes para formar su convicción, ya que en todo caso, tendría que esperar su evacuación o materialización para saber si efectivamente las pruebas formaron o no su convicción.

Así, consideramos con Bello Tavares, que es prematura la oportunidad procesal que fijó el legislador para ordenar la evacuación de medios probatorios adicionales para formar la convicción del juez, cuando los medios probatorios ofrecidos por las partes fueren insuficientes, todo ello a propósito que la convicción que debe formarse no es la del juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, quien por demás es quien recibe las pruebas ofrecidas por las partes, sino la del juez de Juicio, circunstancia ésta que fortalece el criterio que venimos sustentando de la imposibilidad de aplicación del artículo en cuestión.

En todo caso, esas potestades, la propia LOPT las reduce conforme al artículo 156 Ejusdem, a ordenar la evacuación de medios probatorios para el mejor esclarecimiento de la verdad, entendiéndose por esclarecimiento de la verdad, que exista en autos la prueba de los hechos controvertidos, pero que haya sido insuficiente, lo cual se traduce, en que el juzgador no puede suplir la negligencia probatoria de las partes, por el contrario, debe existir la previa actividad probática de las partes, caso en el cual, de ser insuficiente la misma, podrá el Juez, para esclarecer la verdad de los hechos dudosos u obscuros, complementar su ilustración como antecedente necesario de la sentencia, permitiéndose despejar cualquier duda o insuficiencia que le impida formar criterio sobre la causa controvertida.

En este sentido, mediante el instrumento previsto en el artículo 156 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no pueden verificarse inicialmente los hechos, por el contrario se requiere de una actividad probatoria de las partes que haya sido insuficiente para establecer la verdad de los hechos controvertidos, caso en el cual, podrá el juez de Juicio, esclarecer la verdad mediante la evacuación de pruebas complementarias.

Bello Tavares hace una observación que por igual hacemos nuestra: Dice el autor, resulta peligrosa la redacción del mencionado artículo 156 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando faculta al juez a la evacuación de medios probatorios para el mejor esclarecimiento de la verdad, no solo de oficio sino también a instancia de parte, circunstancia ésta última que pudiera producir que la parte negligente en proporcionar la prueba de los hechos controvertidos, mal interpretando la norma, solicitara al tribunal la evacuación de medios probáticos no ofrecidos, bajo la máscara del esclarecimiento de la verdad, pues si se estamos en presencia de una actividad probatoria oficiosa del juez, como lo expresara la exposición de motivos de la Ley, no entendemos porqué se le permiten a las partes sugerir pruebas cuando éstas tienen el interés y la carga de aportar las pruebas de sus afirmaciones o Negaciones.

El auto que ordene éstos medios probatorios adicionales debe ser motivado y declara la Ley que es inimpugnable y en tal sentido Bello T se pregunta: ¿Que sucede si el operador de justicia lejos de formar su convicción, lo que pretende es suplir la negligencia probatoria de las partes?.
A primera vista y del contenido de la norma, pareciere que no existiría recurso alguno contra esta actividad ilegal e irregular, pero ¿cómo pudiéramos controlar la legalidad de la utilización de la actividad probatoria oficiosa por parte del operador de justicia?.

Para el autor citado, entiende que pudiera plantearse analógicamente la incidencia establecida en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, para denunciarle al propio juez su abuso de poder y solicitarle la revocatoria del auto, circunstancia ésta que lógicamente no sería declarada por el decisor, pues no reconocería su propia arbitrariedad y abuso de poder; pero la decisión que se tomare en ese sentido, sí tendría recurso de apelación, siendo esta una de las posibles soluciones que podríamos presentar para controlar la legalidad de la actividad probatoria oficiosa del juez, evitándose que a través de la herramienta que da el legislador al operador de justicia, éste no la utilizare para suplir la negligencia probatoria de alguna de las partes.

3-7: Otros medios de pruebas:

La Ley Orgánica Procesal del Trabajo, aunado a los medios probatorios regulados, permite la utilización de medios probatorios libres o no regulados y que no estén prohibidos expresamente por la Ley, los cuales, conforme a lo previsto en el artículo 70, se promoverán y evacuarán en la forma prevista en la Ley, y en lo no previsto, se aplicaran por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código de Procedimiento Civil, Código Civil o, en su defecto, en la forma que determine el operador de justicia.

4. CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DEL TRABAJO.

En materia del trabajo, la regulación legal de la carga de la prueba se encuentra en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual dispone:

Salvo disposición legal en contrario, la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuren su pretensión o a quién los contradiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuese su presencia subjetiva en la relación procesal, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo gozará de la presunción de su existencia, cualquiera que fuese su posición en la relación procesal.

Conforme a la norma antes transcrita, en principio corresponde al accionante la carga de la prueba de aquellos hechos afirmados que configuran la demanda, y que son el presupuesto de la norma contentiva de la consecuencia jurídica perseguida o solicitada; Igualmente, corresponderá a la parte demandada, la carga de probar aquellos nuevos hechos que han sido traídos al proceso, como consecuencia de la contradicción de los hechos afirmados por el demandante, siempre que sirvan de presupuesto de la norma contentiva de la consecuencia jurídica que aspira el pretensionado, salvo que exista alguna disposición legal que señale lo contrario.
Pero lo antes señalado resulta realmente letra muerta en la Ley, pues la misma en forma sorprendente y por demás sobre protectora del trabajador, lo cual viola el derecho constitucional de igualdad ante la Ley contenido en el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, deja en cabeza del patrono o empleador, sea cual fuere su presencia subjetiva en la relación procesal, la carga de probar prácticamente todos los hechos que pudieran ser controvertidos en un proceso de carácter laboral, como lo sería la causa del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación del trabajo, así como la relación laboral, esta última la cual se encuentra enmantada por una presunción desvirtuable, que trae como consecuencia que el trabajador no tenga la carga de probar dicha relación, pues Estando amparada como se dijo- por una presunción legal, por el manto de certeza que produce dicha presunción, quien alegue dicho hecho quedará relevado de probarlo y quien a todo evento asumiría la carga de probar la inexistencia de la relación laboral, sería la parte que no alegó el hecho presumido, pues en este caso y siguiendo el criterio de la jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, se produciría la inversión de la carga de la prueba, lo cual para nosotros constituye una saturación del gravamen probático.

Lo cierto es que en línea general, en toda reclamación por prestaciones sociales o por estabilidad laboral que intente el trabajador, la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la pretensión del accionante, como lo serían la existencia de la relación laboral, la causa del despido y la falta de pago, estaría en cabeza del patrono, que sería el demandado, y no del accionante trabajador-, lo cual desvirtúa totalmente las tesis que se han venido esbozando en materia de carga de la prueba, incluso, se desvirtúa el mismo comienzo del artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en comento.

De esta manera, es evidente la desigualdad procesal que existe en los procesos laborales, pues al patrono le corresponderá la carga de la prueba de casi todos los hechos que pudieran ser controvertidos en una relación procesal, lo cual se traduce en que la nueva Ley Orgánica Procesal del Trabajo, hace prácticamente imposible que el patrono pueda salir victorioso en la litis, lo cual conlleva a que el proceso laboral, en vez de haber garantizado la igualdad entre los contendores judiciales, indirectamente les ha señala a los patronos que si pretenden entablar una dialéctica procesal, no tendrán posibilidad de alzarse con el triunfo, salvo casos muy contados.

5.- APRECIACION DE LAS PRUEBAS, CRITERIOS DE EQUIDAD O EL JUZGAMIENTO DE EQUIDAD EN MATERIA DE LOS NUEVOS PROCESOS LABORALES.
A tenor de lo estableado por la LOPT y el propio texto de la CN pareciera que en materia procesal laboral, y toda otra donde así se lo ordene, el Juez para resolver el caso concreto, no debe aplicar fría y tajantemente la norma jurídica contemplada en el ordenamiento jurídico, sino, por el contrario debe buscar los principios de equidad aplicables al caso con el objeto de resolver o no el caso sometido a su consideración, ello, independientemente de que pudiere existir una norma del ordenamiento general que de aplicarse pudiere crear una injusticia, esto es, que la conducta decisoria del magistrado, debe estar en cierto modo al margen del precepto legal concreto si lo hubiere, o deberá crear la norma aplicable mas justa aplicable a dicho caso, independientemente del texto expreso de la Ley, y en la medida que con ello se ajuste mas la solución a lo que conforme la equidad pareciere mas justo para las partes del Derecho, pues la justicia o no de ese mandato, no necesariamente es la comprendida en el texto estricto de la norma, o si esta no es clara, deberá el juez, conforme a los principios de equidad buscar cual sea el mandato aplicable para el mejor logro de la justicia.

En otras palabras, aun cuando se quebrante la seguridad jurídica formal, si de alguna manera se debe o puede lesionar el derecho para resolver el caso concreto, lo pertinente es que así lo sea, en la medida que con ello se tenga un trato mas ajustado a la verdadera intención del legislador, a la mejor solución de justicia.

Conforme al nuevo mandato constitucional, es este el nuevo sentido que debe darse a las disposiciones constitucionales que ordenan que en la búsqueda de la justicia, el juez, no solo se atenga a lo dispuesto en una norma del sistema, pues si de la aplicación de la misma resultare una lesión o menoscabo a los derechos pueda acudir a la equidad en búsqueda de la justicia (equidad correctiva) .

Ello lo será en adición a los demàs casos en que bien la Ley, o la inexistencia de norma, lo faculten para llenar los vacíos, o interpretar el mandato, con apoyo en la equidad, sin que por ello pongamos en duda que la justicia aplicada no sea de Derecho, en los cuales no resulta tan aberrante observar la conducta del magistrado, ante su obligación de resolver el caso, sin excusa de ambigüedad o no existencia de norma precisa, así como tampoco resultara extraño que al encontrar contradicción entre el mandato concreto de una norma con la superior constitucional, opte por desaplicar la primera, para con ello solventar de modo más diáfano el caso concreto y producir con ello un fallo mas apegado a la justicia.

Ahora, bien resumidamente, para poner aún mas en claro la problemática que de todo ello deriva, materia que sería suficiente para ocupar todo el tiempo de esta charla, pensemos que esa solución especial lograda por vía de una interpretación correctiva, puede no ser la misma que se aplique por un juez distinto, o en otro caso similar, que corresponda al mismo juez, dejando entonces la duda sobre cual será lamas justa solución y la certeza de que ello lo será siempre o no así.
Sobre este tema, para muchos simple gazapo que se le pasó al poder constituyente, para otros por el contrario adopción de un nuevo orden de cosas, que supone una madurez judicial de mayor grado que con la que contamos en Venezuela, pero al fin y al cabo ordenada aplicar, nos permitimos aún antes de salir la CN hacer clara advertencia sobre el dislate que se estaba cometiendo , o para que en todo caso entonces se procurara una mejor calidad de hombres en el poder Judicial. Lamentablemente fueron pocos los que prestaron entonces atención al problema, y hoy, con cada vez mas fuerza y denuedo vemos que el legislador viene delegando al Juez esa potestad de juzgar conforme a equidad, tal como ocurre en el caso de los poderes de los jueces de Protección de Niños y Adolescentes, o en la ahora novísima regulación procesal laboral.

Y con ello termina por igual de resaltarse una duda que a todo el pueblo inquieta, esto es, ¿cual es hoy el sistema jurisdiccional aplicable en Venezuela¿, si el de jurisdicción de Derecho o el de jurisdicción de equidad, debiendo concluirse en lo segundo, pues conforme a la nueva normativa, el poder judicial, debe y tiene que dictar su fallo, independientemente del derecho aplicable SS. esto es, buscando en los principios de la equidad, bien la norma ausente o confusa, o finalmente aquella interpretación que haga producir la solución del caso, de una manera termina un sufrimiento mayor, el de la persona a quien les estás dando puede ser rectamente interpretada a la luz de los mas serios y adecuado conforme al texto o informe del Juez los comentarios y chismes
Pues bien, al buen entendedor sobran palabras, dichas normas establecen los parámetros generales que deben tomar en cuenta los Jueces en su gestión ordinaria, con el objeto de fijar unos parámetros de actuación para resolver el conflicto de intereses que le es planteado, y sobre lo cual, como todos los sabemos, hasta antes de la promulgación de la CN, teníamos claro que debía ser mediante la aplicación de la Jurisdicción de Derecho, esto es, la premisas mayor y la conclusión eventualmente aplicables al caso de que se trate, deben ser necesariamente extraídas por el Juez del ordenamiento vigente a cualquiera de sus niveles, debiendo el Juez comparar los hechos del caso concreto, los que deben y tienen que estar contemplados en una norma jurídica del ordenamiento nacional, sin que el Juez pueda permitirse llenar o crear tales supuestos, salvo el único caso de una verdadera laguna de la Ley, por cualquiera de los métodos y recursos que contempla ese mismo ordenamiento para solventar dichos problemas, esto es, la analogía, la equidad, el uso, entre otros de los medios con los cuales el creador de las normas le fija caminos al magistrado para el cumplimiento de su misión.

Pero no hay acuerdo unánime sobre tales poderes del Juez, pues como lo dice reputada y autorizada doctrina en torno a la interpretación y hermenéutica de la Ley, y como ampliamente lo ha difundido un foro, no muy lejano en el tiempo, del más alto Tribunal de la República, con lucida intervención y exposiciones del maestro Delgado Ocando, el Juez no puede ni debe ocurrir a la equidadpara crear en nuestro sistema, la norma jurídica aplicable o el precepto que debe dar solución al conflicto de intereses, salvo que expresamente las partes o la ley hayan convenido en lo contrario y específicamente hayan autorizado el juzgamiento por equidad.

La equidad como vía de solución de los conflictos sociales, jurídicos o de otra índole es una hermosa vía para poner término a las desavenencias entre las partes, pero para que la misma sea la más justa y apropiada, debe quedar en manos de un hombre muy sabio, justo y ponderado, que busque como modo de resolver el conflicto lo que tiene como base aquel viejo aforismo de dar a cada uno lo que en justicia corresponde, esto es, casi supone que el aplicador del precepto esté entre los sabios y más prudentes hombres, de esos que hoy precisamente escasean y son difíciles de encontrar, para no decir casi imposible tenerlos a mano para enfrentarlos con la exagerada litigiosidad que caracteriza nuestra sociedad

En adición, no precisamente la crema y nata de nuestro poder judicial ha encontrado buen recinto en la competencia laboral, con muy escasas excepciones.

Si lo que pretendió el constituyente fue decir cosa diferente, y referir su mandato al caso de necesidad de interpretar la Ley o dar preferencia al método y principios de la equidad, la verdad es que la frase estuvo tristemente mal construida en tema tan delicado como lo es el resolver cual sistema de justicia debe aplicarse en nuestro país .

La pretendida excusa de que eso no fue lo que tuvo en mientes el Legislador, o no es la manera de interpretar la voluntad del Constituyente, tan no nos convence que ahora ya vemos en varias de nuestras leyes la clara intención de que la aplicación del mandato dependa de la ingeniosa mentalidad del juez a quien se encomienda la solución de los casos en esa área, como ocurre en la Ley que ahora estamos examinando, y la que, para nosotros, como lo continuaremos viendo, no deja lugar a dudas en que es así como pretende aplicarse dicho principio rector del nuevo proceso laboral.

Como se observa, de ser ciertas o tener fundamento nuestras apreciaciones, se pone en manos de una competencia eminentemente proteccionista, pro sujeto beneficiario (pro operario) y con ello ya hace turbia una forma con que supuestamente se debe buscar justicia.

En fin para recalcar aun más nuestras observaciones sobre cuanto dejamos dicho, nos permitimos citar una vez más al famoso maestro Calamandrei, quien con meridiana claridad, al respecto, explana: El Derecho Procesal deberá entenderse cono un método impuesto por la autoridad para llegar a la justicia; es un método de razonamiento que debe estar siempre previamente establecido por la Ley, el cual tanto las partes como el juez debe seguir, etapa por etapa y dentro de una coordinación dialéctica con el fin de obtener una sentencia justa. Derecho Procesal es el método, la Ciencia Procesal la metodología y el Proceso una operación conducida según el método .

Esperemos pues con paciencia y fe en la buena razón para ver que resultará de todo este desaguisado y mezcolanza de conceptos, que de buena o mala fe, por error o con deliberado propósito declaró primero el constituyente y ahora repite el legislador especial procesal del Trabajo. Quiera el destino que sea para la mejor y más clara aplicación del Derecho y la más justa resolución de los conflictos, que no para incrementar la litigiosidad y el descontento de una cualquiera de los partes que deberán resolver sus problemas a la luz de tan delicado asunto.
La extensión de esas facultades, y la confusión que con ello se produce, se ponen de manifiesto en la amplitud que a dichos poderes reconoce mi apreciado y distinguido Profesor y amigo Dr. Román José Duque C

OBSERVACIONES FINALES:

No pretendemos siquiera haber hecho un examen total sobre la materia que nos fue confiada examinar, es esta, como lo dijimos al comienzo de nuestra intervención, la temática quizás mas rica e importante de todo proceso judicial, y en este caso ahora matizada con muchas novedades e inquietudes que surgen de la nueva LOPT.

Aspiramos cuando menos a que hayamos creado el interés por escudriñar y estudiar con mas detenimiento todo cuanto hemos dicho, y estamos seguro que la actividad judicial tendrá un importante y decisivo papel en torno al afianzamiento del nuevo sistema y sus efectos.

Solo deseamos que lo ahora instaurado como nueva vía procesal probatoria en el proceso laboral resulte útil y provechoso para una mejor justicia y logre realmente la PAZ SOCIAL.
ABT/NOV 2003
Conf/ P Odz. Rgm Pbas LOPT





















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