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Ponencias
El Procedimiento Oral

APUNTACIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO ORAL CONTEMPLADO EN LA LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO.

Román J. Duque Corredor
ExMagistrado de la Corte Suprema de Justicia
En memoria de José Román Duque Sánchez (19.01.1914 - 09.08.1.999)

1. Introducción: El proceso oral.

La oralidad del proceso no supone la eliminación del procedimiento. Por el contrario, se trata también de otra forma procesal. Sólo que a diferencia del proceso escrito la causa se trata verbalmente en pocos actos conjuntos, obligatorios y concentrados, reduciéndose la forma escrita a los actos preparatorios del proceso, a la síntesis de los actos verbales realizados y a la documentación de la sentencia. Ese trámite concentrado pretende garantizar el derecho a la sentencia justa, pronta y cumplida, que surge, a su vez, del derecho a la justicia y del debido proceso, que son derechos fundamentales .

El proceso oral, frente al proceso escrito, es un proceso en donde los sujetos procésales, el juez y las partes se ven, se hablan y se escuchan, para tratar de sus causas; y que garantiza la reunión de estos sujetos, para la narración y comprensión de los hechos alegados, las aclaraciones sobre las pretensiones y contrapretensiones de las partes y para su contradicción. Por ello, su procedimiento se desarrolla a través de audiencias orales y públicas, en las cuales la expresión verbal es el modo de comunicarse las partes con los jueces y de éstos con aquéllas. Por tanto, siempre la relación entre los jueces y las partes y con los medios de prueba es directa, personal e inmediata. Para lo cual el juez de la sentencia debe ser el mismo juez de la instrucción. Por otro lado, si bien la actividad procedimental en el proceso oral debe realizarse en el menor tiempo posible, debe garantizarse a las partes sus derechos de alegar, probar y contradecir.

Del mismo modo, aunque el inicio del proceso pertenece a las partes, así como el derecho de darlo por terminado, unilateral o bilateralmente, una vez promovido, principalmente su impulso es de los jueces. No obstante, la carga de la prueba es fundamentalmente de las partes y complementariamente de los jueces. Asimismo, para asegurar el debido proceso y la garantía de igualdad procesal se ha de consagrar el principio del contradictorio y de la doble jurisdicción. Y, finalmente, en este proceso, para garantizar la inmediación, ha juzgar quien esté investido legalmente de jurisdicción y que haya estado en la audiencia o audiencias donde se halla recibido la prueba o haya participado en la audiencia de vista de un recurso.

2. El proceso oral laboral. Principios propios y el tema de la uniformidad procesal.

Si lo anterior es común al proceso oral, ¿qué distingue en este proceso al procedimiento laboral?. Yo diría que fundamentalmente por los principios de la especialidad, de la prioridad de la realidad de los hechos y de la equidad, que son de progenie constitucional . El primero de estos principios da autonomía al derecho procesal del trabajo, independizándolo del derecho procesal civil y le otorga el carácter de jurisdicción exclusiva a la jurisdicción laboral. Así se reconoce en el artículo 1°, en concordancia con el artículo 13, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, promulgada el 13 de agosto del 2002 y publicada en la G. O. N°. 37.504 de la misma fecha. Principio este que se recogía desde el artículo 1° del Proyecto de Ley aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, y en el artículo similar del Anteproyecto preparado por el Tribunal Supremo de Justicia. Este principio se confirma con lo dispuesto en el artículo 11, de dicha Ley, que jerarquiza las fuentes del proceso del trabajo, al establecer que en caso de lagunas legales los principios del derecho procesal común se aplican por analogía y no supletoriamente. El segundo, de los principios mencionados, permite a los jueces laborales indagar en los hechos la verdadera naturaleza laboral o no laboral de la relación entre las partes, que el artículo 2°, eiusdem, incluye como principio de orientación de la jurisdicción laboral. Y, el tercero, de los principios en cuestión, que ahora es un principio de rango constitucional, faculta a los jueces para decidir no solamente conforme a normas de derecho sino también de acuerdo a la equidad y para aplicar las normas más favorables a los trabajadores, como se precisa en los artículos 2° y 9°, de la Ley mencionada.

Puede observarse, que en la Disposición Transitoria Cuarta, Numeral 4, de la actual Constitución, referente al sistema procesal laboral, no se señala como un principio propio del proceso del trabajo la uniformidad procesal. Por el contrario, este principio es un principio general para todo proceso, como se desprende del artículo 257, de la vigente Constitución, pero que, a mi juicio, no impide que se prevea, para una misma materia, un procedimiento ordinario, general y supletorio, y procedimientos o trámites especiales, según la índole, por ejemplo, sumarias o ejecutivas, de las pretensiones. Sin embargo, en la Ley vigente en su artículo 188, al igual que en sus antecedentes, el artículo 191 del Anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 209 del Proyecto aprobado en primera discusión, se postula que para las acciones o solicitudes de estabilidad en el trabajo, ha de seguirse, en caso de contradicción, el mismo procedimiento establecido para el resto de las acciones laborales, no obstante, el evidente carácter urgente o sumario de dichas acciones. Aún más, por ejemplo, dentro de la competencia del los Tribunales del Trabajo, en la Ley en comento, en su artículo 29, Numeral 4, se incluyen además de las cuestiones de carácter contencioso que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social y de las estipulaciones del contrato de trabajo, las que se deriven de la seguridad social. Acciones estas que, en caso de prestaciones dinerarias, pueden tener carácter ejecutivo. Así, se contemplaba en el Anteproyecto de Ley del Seguro Social, que elaboramos el ExMagistrado José Rafael Tinóco y yo, que preveía una acción de pago de las prestaciones económicas de la seguridad social de carácter ejecutivo y que por ende su procedimiento no puede ser el ordinario contencioso laboral sino uno ejecutivo de intimación o monitorio . Pienso, en consecuencia, que el principio general procesal de la uniformidad, no impide que en el proceso laboral existan normas generales aplicables a todos los procesos y procedimientos especiales como los sumarios, arbítrales, o monitorios. Por ejemplo, en materia de arbitraje, para cuyo trámite ha de seguirse el procedimiento oral, de acuerdo con el artículo 146, eiusdem, sin embargo, el laudo arbitral debe dictarse, previa la realización de la audiencia, dentro de los treinta días siguientes a la constitución de la Junta de Arbitraje, según el artículo 148, eiusdem; que resulta por tanto, ser un trámite especial.

3. Antecedente histórico del proceso oral del trabajo en Venezuela .

Vale la pena recordar como un verdadero antecedente histórico del actual proceso oral venezolano, el Proyecto de Ley Orgánica Procesal del Trabajo elaborado por la Comisión creada por Resolución Número 924 del 25 de agosto de 1976 dictada por el Ministro del Trabajo José Manzo González, y que presidió el Dr. Atilio Ramírez Sánchez, y que integraron los doctores Claudio Rojas Wetel y Freddy Álvarez Bernne, en representación del Ministerio del Trabajo; Pedro Elías Rodríguez Carrasquel, en representación del Consejo de la Judicatura; Juan Evangelista Lander Gimón, en representación de la Federación de Colegio de Abogados; Enrique Agüero Gorrín, en representación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela; Carlos Parísca Mendoza, en representación de la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECAMARAS); y Lola Figueredo, como Secretaria Ejecutiva.

Esta Comisión, analizó los sistemas procésales adoptados en Venezuela desde la Ley del Trabajo del 16 de julio de 1936, que previó provisionalmente un Tribunal compuesto por el Inspector del Trabajo y dos asesores, nombrados por las partes, hasta tanto se constituyeran los tribunales especiales laborales ( Título IX); y el decreto de 15 de noviembre de 1937, que creó un Tribunal especial de segunda instancia del trabajo y tres tribunales especiales con jurisdicción en Caracas y en el Estado Zulia. Tribunales estos que seguían el procedimiento pautado en el Código de Procedimiento Civil para las excepciones dilatorias. Igualmente, el Reglamento de la Ley del Trabajo de 1938, cuyo Capitulo XXXII, se dedicó a los Tribunales del Trabajo, y que agregó al procedimiento de las excepciones dilatorias normas procésales referentes a los datos de la demanda o denuncia según se tratara de cuestiones laborales o de accidentes del trabajo y relativas a la constitución del Tribunal con asesores. Es en este instrumento en donde aparecen por primera vez como principios propios del procedimiento laboral el de la celeridad, por el carácter urgente de los asuntos del trabajo, y el de la intervención del juez para averiguar la verdad de los hechos controvertidos (Artículos 379 y 380). Pero, realmente fue al promulgarse la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, el 16 de agosto de 1940, cuando se estableció en Venezuela un sistema procesal para los asuntos contenciosos laborales, pero sin que se tratara de un procedimiento especial porque para su trámite se remitía al procedimiento de los juicios breves contemplados en el Código de Procedimiento Civil, con el agravante que algunos de sus lapsos se alargaron, se concedió el recurso de casación para todos los casos que excedieran de cuatro mil bolívares, y se consagró la dependencia del proceso laboral del procedimiento civil ordinario al contemplarse este procedimiento como fuente general y supletoria. Se olvidó el legislador de la época de los principios de celeridad y de intervención judicial que se postularon para el proceso laboral en el Reglamento de 1938. Finalmente, las reformas del 30 de junio de 1956 y de 18 de noviembre de 1959, no acometieron la reforma procesal en esta materia. Por el contrario, la primera de ellas se limitó principalmente a suprimir la relación de la causa tanto en primera como en segunda instancia; y la segunda, a aumentar la cuantía para casación a diez mil bolívares .

En virtud del análisis de la situación de la justicia laboral en Venezuela, caracterizada por una concepción civilista, con algunas normas especiales, aplicadas las más de las veces por jueces ordinarios; la prolongación de las instancias y la acumulación y paralización excesiva de causas, la citada Comisión, en abril de 1977, presentó un Proyecto de Ley Orgánica Procesal del Trabajo . En su estudio esta Comisión señaló como defectos del sistema procesal del trabajo las siguientes:

1) El procedimiento exclusivamente escrito, por lo que se proponía el procedimiento oral en su sustitución.
2) La aplicación para los asuntos laborales del procedimiento de los juicios breves previsto en el Código de Procedimiento Civil, que hacía depender el procedimiento del trabajo del procedimiento civil.
3) La demora procesal por el alargamiento de la duración de los términos y lapsos del procedimiento breve civil para su aplicación a los asuntos del trabajo.
4) El otorgamiento del recurso de casación para todos los fallos, en forma indiscriminada, que retarda el proceso.
5) La complejidad de las formalidades para la citación para la contestación de la demanda.
6) La subsistencia en el proceso del trabajo de las mismas excepciones establecidas en el Código de Procedimiento Civil.
7) Las complejas y demoradas formas para la notificación de testigos y expertos. Y;
8) El carácter mercenario de los jueces del trabajo, por su sometimiento a las disposiciones del procedimiento civil, que limitan su actuación e intervención .

Para la presentación de un instrumento nuevo conforme con la experiencia comparada, y totalmente diferente al modelo vigente para la época, la Comisión mencionada estudió los sistemas existentes y sus fracasos y aciertos, como: A) El de la jurisdicción común aplicado para la época en España e Inglaterra, y en Estados Unidos, donde existía ya una tendencia hacía la creación de órganos de jurisdicción especial. B) El de los jurados de oficio, de carácter técnico, profesional y no judicial, como los antiguos Conseils de prud hommes de Francia y las Comissione per l impiego privato de Italia, que derivaron hacía una justicia especial. Y C) El sistema especial con jurados, o con expertos asesores, como los Comités Paritarios (1926), los Jurados Mixtos (1931) y la Magistratura del Trabajo (1938) que existieron en España. De ese examen la Comisión se inclinó por el de un sistema judicial especial con jueces especializados y con un procedimiento oral. Al respecto vale la pena poner de relieve el mérito histórico en nuestro país, y la importancia para el derecho procesal comparado , del proyecto elaborado por esta Comisión en abril de 1977. Proyecto este que se basó en un proceso oral fundado en principios como el de la valoración especial de la función conciliatoria del juez; el de la gratuidad de la justicia del trabajo; el de la informalidad de la representación judicial, especialmente de la sindical; el de la celeridad del procedimiento; el de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador; el de la oralidad de los juicios; el de participación activa de los jueces en los juicios del trabajo; el de la sencillez del proceso; el de la inmediación; el del in dubio pro-operario; el del contrato realidad, y el de la norma más favorable .

Pienso que los venezolanos debemos no sólo un recuerdo sino un homenaje a los integrantes de la Comisión designada en agosto de 1976 para la elaboración de un nuevo instrumento procesal para los asuntos del trabajo. Especialmente, al Dr. Atilio Ramírez Sánchez, excelente procesalista y mejor laboralista, Presidente de dicha Comisión, hoy fallecido, quien acometió con verdadero denuedo su trabajo de investigación de las experiencias comparadas, y que, sin embargo, se preocupó por evitar el trasplante de esas experiencias sin que se tuvieran en cuenta las peculiaridades de la realidad jurídica nacional y que postuló, por el contrario, un sistema oral adaptado a nuestra idiosincrasia, moderno y ajustado al debido proceso.

4. El modelo de procedimiento contemplado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

El presente trabajo, preparado para el Libro Homenaje a mi Padre, consiste en un análisis breve del procedimiento que dentro del proceso oral laboral se contempla en la Ley vigente , y en sus antecedentes, el Proyecto aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional y las modificaciones propuestas para su segunda discusión en dicha Asamblea, y del mismo modo el Anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia . Pero, antes es necesario hacer una referencia al modelo del proceso oral.

4.1. Tendencia actual del desarrollo del procedimiento ordinario en el proceso oral.

Desde el Proyecto de Código Procesal Civil Modelo para Ibero América de 1.988 , que acogió el proceso oral como la solución más eficaz contra la excesiva duración de los procesos civiles, penales o laborales, hasta el Proyecto de Código Procesal General de Costa Rica de mayo del 2.001 , elaborado de acuerdo con las experiencias, entre otras, portuguesa (1.974), uruguaya ( 1.988), brasilera (1.974), mexicana (1.987), panameña (1.986), peruana (1.992) y española (1.984), se ha ido evolucionando hacia un proceso oral mucho más simple y sencillo. En Venezuela, incluso, en el Código de Procedimiento Civil de 1.986 se postula, en forma experimental y progresiva, un procedimiento oral sustitutivo del procedimiento ordinario escrito para las causas laborales y por accidentes de trabajo , que no se llegó a aplicar, pero que sigue los lineamientos modernos que tienen como fuente el Proyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, antes citado.

Estas experiencias permiten separar los actos preparatorios de las audiencias, de modo de evitar que se confundan. Así, por ejemplo, un esquema del procedimiento ordinario del proceso oral, según el derecho comparado, sería el siguiente:

1. Demanda escrita con promoción de pruebas.
2. Emplazamiento para la contestación de la demanda.
3. Contestación escrita; al igual que la reconvención; con promoción de pruebas.
4. Audiencia preliminar para la conciliación, decisión sobre cuestiones previas subsanables, determinación del objeto del proceso y de la prueba de los hechos controvertidos, admisión de las pruebas y disposición de evacuación de las pruebas antes del debate oral.
5. Decisión sobre cuestiones previas no subsanables.
6. Evacuación de pruebas que requieren evacuación antes del debate oral.
7. Audiencia pública y Oral: Alegatos verbales de las partes; evacuación de las pruebas susceptibles de realización en el debate oral; presentación del resultado de las pruebas practicadas antes de la audiencia; conclusiones de las partes. Y, anuncio del dispositivo de la sentencia. Y;
8. Documentación o protocolización de la sentencia.

Aparte de lo anterior, se postula, sobre la base de la experiencia para el mejoramiento del sistema del proceso oral, que el Juez de la sustanciación sea el mismo Juez de la sentencia, la casación per saltum y la casación de instancia en las causas de mayor cuantía, y la doble instancia para los juicios de menor cuantía.

4.2.- Comentario general sobre el procedimiento laboral oral contemplado en los antecedentes legislativos y en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La separación del trámite de la sustanciación y del juicio entre jueces diferentes de una misma instancia en un mismo proceso.

Como comentario general, teniendo presente lo anterior, puede señalarse que desde el Anteproyecto de Ley Orgánica Procesal del Trabajo del 2000, elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia, se contempla la actuación de dos jueces diferentes en el procedimiento en primera instancia. En efecto, según el artículo 115 de este Anteproyecto, la demanda corresponde recibirla a los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución, así como, de acuerdo con sus artículos 125, 126 y 127, realizar la audiencia preliminar y dictar las sentencias sobre el desistimiento o la confesión, por la inasistencia del demandante o del demandado, según el caso, a esta audiencia. Y, de acuerdo con su artículo 133, al referido Juez le corresponde igualmente sustanciar las incidencias probatorias a que hubiere lugar. Mientras que el procedimiento de juicio, es decir, en la audiencia principal o debate oral, donde ocurre la contestación de la demanda y la sentencia definitiva, corresponde al Juez de Juicio, conforme a lo que se prevé en los artículos 147, 149 y 158, del mencionado Anteproyecto. Ello se prevé igualmente en los artículos 128, 135, 136, 137, 155 y 157 del Proyecto aprobado en primera discusión. Y, según la propuesta para la segunda discusión del citado Proyecto, en sus artículos 130, 132, 137, 137 y 139, al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, compete la recepción de la demanda, la realización de la audiencia preliminar y las sentencias sobre el desistimiento y la confesión, del demandante o del demandado, respectivamente. Pero, según el artículo 143, de las propuestas de las modificaciones para la segunda discusión, también a este mismo Juez y no al Juez del juicio, le corresponde recibir la consignación de la contestación de la demanda, después de concluida la audiencia preliminar; mientras que al Juez del juicio, por el contrario, le compete pronunciarse sobre la admisión de las pruebas (artículo 77 y 78), a diferencia de lo que se contemplaba en el Anteproyecto y el Proyecto aprobado en primera discusión, como se expresó anteriormente.

En efecto, en el Anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia, correspondía al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, recibir las pruebas juntó con la demanda y las presentadas por el demandado en la audiencia preliminar (artículos 68, 70, 117, 123 y 124), así como incorporar las pruebas documentales en este acto, elaborar las lista de testigos que las partes hubieren presentado, ordenar de oficio o a petición de partes las experticias que fueren necesarias y admitir las posiciones juradas solicitadas por las partes (artículo 131). Ello por cuanto, según este Anteproyecto, al Juez de Sustanciación correspondía providenciar sobre la admisión de las pruebas, después de realizada la audiencia preliminar (artículo 71). Igual ocurría en el Proyecto aprobado en primera discusión, según el cual el Juez de Sustanciación era quien además de incorporar las pruebas de las partes, providenciaba su admisión y procuraba la evacuación de las que debían practicarse antes de la audiencia del juicio (artículos 75 y 76). Sin embargo, en ambos instrumentos legales, como se señaló, la contestación de la demanda tenía lugar ante el Juez del juicio (artículo 149 del Anteproyecto del Tribunal Supremo de Justicia y artículo 157 del Proyecto aprobado en primera discusión).

En la Ley vigente, según su artículo 123 la demanda se debe presentar por ante un Tribunal de Primera Instancia del Trabajo de Sustanciación, Mediación y Ejecución, a quien le corresponde realizar la audiencia preliminar, de acuerdo con el artículo 129, eiusdem, así como declarar desistido el procedimiento o admitidos los hechos de la demanda, en los casos de inasistencia del demandante o del demandado, a esta audiencia, respectivamente, en atención a lo dispuesto en los artículos 130 y 131, eiusdem. Asimismo, a este mismo Juez le corresponde recibir las pruebas de ambas partes en la audiencia preliminar (artículos 70, 73 y 74, eiusdem), y al concluir esta audiencia, recibir la consignación del escrito de contestación de la demanda (artículo 135, eiusdem). Pero, sin embargo, es al Juez del Juicio a quien compete providenciar las pruebas al recibir el expediente que le remita el Juez de Sustanciación (artículo 75, eiusdem).

Así, entonces, por esta separación de competencias y actuaciones entre dos jueces de una misma instancia para una sola causa, en mi humilde criterio, el proceso oral laboral, en comento, no luce simplificado, por esa doble actuación de dos jueces diferentes en un mismo proceso. Además, en la audiencia preliminar, por esta separación, y como quedó en definitiva regulado, no se conoce la contestación de la demanda, sino después de realizada (artículo 135 de la Ley en comentarios), de modo que esta audiencia no cumple con una de las finalidades que este acto debe cumplir, cual es la de fijar el objeto del proceso y de las pruebas. Ello es aún más patente en este último caso, puesto que las partes han de promover pruebas en la audiencia preliminar, sin que todavía se conozca el contenido de la contestación de la demanda por el demandado (artículos 73 y 135, ya citados, eiusdem). Es más, en la audiencia de juicio los alegatos de las partes han de referirse a la demanda y su contestación, que ocurren antes de esta audiencia ante un juez diferente al que debe sentenciar (artículo 151, eiusdem).

En efecto, por el principio de la concentración la audiencia preliminar debe cumplir, en forma conjunta, no sólo con una finalidad conciliatoria, y de saneamiento de la demanda sino fundamentalmente de delimitación del objeto del proceso y de las cuestiones a probar, que no es posible cumplir si no se tiene presente la contestación de la demanda. Por el contrario, en la vigente Ley, y en sus antecedentes, antes citados, el demandado se cita para que comparezca a la audiencia preliminar no para que dé contestación a la demanda, sino para una gestión de mediación y de conciliación, por parte del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución; y para que promueva las pruebas y la lista de testigos, que considere pertinente promover.

En los diferentes Proyectos discutidos en la Asamblea Nacional, la oportunidad para la promoción de pruebas del demandado es la audiencia preliminar ante el Juez de Sustanciación (artículos 74, del aprobado en primera discusión, y 76, de la propuesta para la segunda discusión). Al igual que en la Ley vigente para ambas partes (artículos 70, 73, 74 y 153). Y, todo ello, sin que el demandado hubiere dado contestación a la demanda, puesto que ésta se da ante el Juez de Mérito del Procedimiento de Juicio; como se indicaba en el Proyecto aprobado en primera discusión (artículo 157). O, en todo caso, antes que el demandado conteste la demanda, que según la propuesta para la segunda discusión y la Ley vigente, no tiene lugar sino después de concluida la audiencia preliminar ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución (artículos 143 y 135, eiusdem). Por tanto, en mi criterio, en el proceso laboral la audiencia preliminar cumple una función instructora limitada de recepción e incorporación de las pruebas, y por ende, no cumple con la función de delimitación del objeto del proceso, porque se le atribuyó al Juez del Juicio, que aunque actúe en el mismo proceso y en la misma instancia (artículos 16 y 17, eiusdem), se trata de un juez distinto del que por primera vez tomó contacto con las partes.

4.3.- Comentario general sobre los recursos del procedimiento laboral contemplados en los antecedentes legislativos y en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En materia de recursos existe una notable diferencia entre el Anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia y el Proyecto aprobado en primera discusión y las propuestas para su segunda discusión. En efecto, en el Anteproyecto y Proyecto citados, en sus artículos 162 y 169, respectivamente, se prevé el recurso de apelación para toda sentencia definitiva que dicte el Juez de Juicio para ante la Corte Superior del Trabajo. Y, en el artículo 173, del Anteproyecto, y en el artículo 178, del Proyecto, mencionados anteriormente, respectivamente, se admite el recurso de casación contra las sentencias de última instancia que pongan fin al juicio, cuyo interés principal exceda de tres mil quinientas (3.500) unidades tributarias. Mientras que en las propuestas señaladas, para la segunda discusión, en su artículo 172, solo se admite la apelación de la sentencia definitiva del Juez de Juicio, si el interés principal de la controversia no excede de tres mil quinientas (3.500) unidades tributarias. Y, el recurso de casación en contra de estas mismas sentencias, por ante la Sala de Casación Social (artículos 172, ya citado, y 179), sí su cuantía excede el límite señalado. Por su parte, en la Ley vigente la apelación es admisible contra toda sentencia definitiva dictada por el Juez del Juicio (artículo 161) y contra los fallos del Juez de Sustanciación que dicte en los casos de desistimiento o de confesión ficta, por la incomparecencia del demandante o del demandado a la audiencia preliminar, según el caso (artículos 130 y 131, eiusdem). Y sólo son recurribles en casación las sentencias de segunda instancia que pongan fin al juicio que excedan de tres mil unidades tributarias (artículo 167, eiusdem).

No se aclara en el Anteproyecto y en ninguno de los proyectos mencionados, ni aún en la Ley vigente, si el recurso de casación procede contra los fallos de los Jueces de Juicio que dicten con fundamento en la equidad. En efecto, de acuerdo con el artículo 1° del Anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 2°, de la Ley vigente, la jurisdicción laboral y el juez laboral se orientan entre otros principios por la equidad. Igualmente, según el artículo 4° del Proyecto aprobado en primera discusión, y el artículo 5° de la propuesta para la segunda discusión, los jueces en sus decisiones pueden atenerse a las normas del derecho o a la equidad. Sin embargo, en el artículo 173 del Anteproyecto citado, en el artículo 179, del Proyecto aprobado en primera discusión, y en el artículo 180, de la propuesta para la segunda discusión, al igual que en el artículo 168 de la Ley vigente, solo se señalan como motivos de procedencia del recurso de casación de fondo: el error de interpretación de disposiciones expresas de la ley, la aplicación falsa de normas jurídicas, o la falta de aplicación de normas vigentes, la violación de máximas de experiencia; y la falta, contradicción, error, falsedad o manifiesta ilogicidad de la motivación de la sentencia; por tanto, es posible concluir que los fallos dictados basándose en la equidad solo serían recurribles en casación, por estos últimos motivos asó como por violación o quebrantamiento de normas sustanciales del debido proceso.

En cuanto a la procedencia de la Casación, en el numeral 3 del artículo 168 de la Ley en comento, a diferencia del proceso civil, se introduce la denominada ausencia de base legal o el error o falsedad en los motivos y la ilogicidad de la motivación, como causales del recurso. En cuanto a lo primero, ya no es cuestión de discutir su naturaleza de infracción de fondo y respecto a lo segundo, este motivo no atiende a parámetros legales sino de racionabilidad o razonabilidad en la argumentación. Lo cuál, sin duda es un avance.

Finalmente, en el artículo 178 de la Ley vigente, se prevé el recurso denominado de control de la legalidad en contra de sentencias, que aun y cuando no fueren recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a reiterada doctrina jurisprudencial de Sala de Casación Social. Este mismo recurso se contemplaba en el artículo 181 del Anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 187 y en el artículo 187 del Proyecto aprobado en primera discusión, pero sin que se previera la contradicción con la jurisprudencia como uno de sus motivos. Este motivo apareció en el artículo 190 de la propuesta para la segunda discusión en la Asamblea Nacional. Con respecto a este recurso, vale la pena recordar que las normas que consagren derechos laborales, en atención a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 89 de la actual Constitución, en concordancia con el artículo 3°, de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, son todas normas de orden público. Por lo que, entonces, cualesquiera error de inteligencia o de interpretación de los jueces laborales, es susceptible de este especial recurso de control de la legalidad. Por ello, para evitar el ejercicio abusivo de este recurso excepcional, por su interposición maliciosa, se contempla en el artículo 178, tercer párrafo, de la Ley en comentarios, una multa equivalente a ciento veinticinco unidades tributarias. Igual previsión se encontraba en el artículo 181 del Anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia; en el artículo 187 del Proyecto aprobado en primera discusión y en el artículo 190 de la propuesta para la segunda discusión.

Respecto de este especial recurso de control de la legalidad, cabe precisar, puesto que no se explica en ninguna disposición, que la inclusión de la violación de la doctrina jurisprudencial reiterada de la casación social obedece a que en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo se define a la jurisprudencia nacional como una de las fuentes del derecho del trabajo. Pero otro lado, ¿qué debe entenderse por reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación? Ello es importante porque en Venezuela, a diferencia de otras legislaciones, no existe una definición de la jurisprudencia como fuente de derecho . Cabría preguntarse también, ¿si después que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha regulado mediante doctrina vinculante el recurso de revisión constitucional de las sentencias definitivamente firmes , si aún debe mantenerse el recurso de control de legalidad de las sentencias previsto en el artículo 178, de la Ley en comento?. Y, también ¿si no es igualmente un motivo valido para el ejercicio de este recurso de control de la legalidad la violación de la doctrina vinculante de la Sala Constitucional, a tenor de lo dispuesto en el artículo 335 de la vigente Constitución?.

Desde otro orden de ideas, este recurso de control de la legalidad parece inspirarse en el recurso de casación para la unificación de doctrina contemplado en los artículos 215 al 225 de la Ley de Procedimiento Laboral de España del 12 de abril de 1989. Finalmente, según el texto del artículo 178, citado este excepcional recurso procede aún cuando la sentencia no fuere recurrible en casación, por lo que las sentencias de segunda instancia de los juicios de estabilidad, que son irrecurribles de acuerdo con el artículo 188 eiusdem, pueden ser objetos de dicho recurso. En todo caso lo cierto es que además de requerirse el carácter definitivo o la fuerza de tal, de la sentencia, para la admisibilidad de este excepcional recurso, se exige la ausencia de un recurso. Por supuesto, las interlocutorias que no tengan carácter de sentencia definitiva no son objeto de este mismo recurso.

Por ultimo, por el contenido de la sentencia del Tribunal de casación, el modelo de casación laboral consagrado en los artículos 179 del Anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia; 184, del Proyecto aprobado en primera discusión, y 187 de la propuesta para la segunda discusión, al igual que en el artículo 175, de la Ley vigente; es una casación de instancia. En efecto, en el proceso oral laboral por principio general, se permite a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia extenderse al fondo de la controversia y al establecimiento y apreciación de los hechos que hayan efectuado los tribunales de instancia y se admite el reenvió sólo en caso de quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa y cuando la reposición resulte útil (artículos 175, segundo párrafo, y 168, numeral 1, de la Ley vigente. Y, artículos 179, del Anteproyecto mencionado; 184, del Proyecto aprobado en primera discusión; y 187, de la propuesta para la segunda discusión). A este respecto, recuérdese que el proceso oral no es escrito, y que las audiencias de juicio se reproducen en forma audiovisual o se deja constancia de su realización en la sentencia, y que las sentencias no contienen narrativas ni trascripciones de actas, ni de documentos que consten en el expediente (Artículos 159, 162 y 166, de la Ley vigente). Por ello, cuando se me consultó sobre el tema, sugerí, ante la imprevisión del Anteproyecto y del Proyecto de Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que debía preverse en el procedimiento de casación laboral la posibilidad de que se tuviera que evidenciar lo contrario a lo que los jueces en su sentencia dan por probado o por no probado. Por ejemplo, permitiéndose presentar la reproducción audiovisual de la audiencia principal, del procedimiento del juicio o de la audiencia oral de la segunda instancia, que se contempla en los artículos 162 y 166, eiusdem, respectivamente, para evidenciar el error de la apreciación de la prueba por el juez de la recurrida; o la falta de apreciación de las pruebas evacuadas . Pienso que tal sugerencia aparece en el artículo 173 de la Ley vigente al contemplarse que en el escrito del recurso puede promoverse prueba únicamente cuando el recurso se funde en un defecto del procedimiento sobre la forma cómo se realizó algún acto, en contraposición a lo señalado en el acta del debate o en la sentencia, señalándose expresamente lo que se quiere probar. Pienso, que también debió señalarse la contraposición de la sentencia con la reproducción audiovisual de la audiencia de juicio o de la audiencia oral de la alzada, a que se contraen los artículos 162 y 166, de la Ley en comentarios, como otro motivo para promover pruebas en casación.

En efecto en el Anteproyecto y en el Proyecto no se contempla oportunidad alguna para que el formalizante evidenciara los errores de hecho de los jueces de juicio y en concreto, sus errores en la apreciación de la prueba o en el establecimiento de los hechos. Esta oportunidad es aún más necesaria para que la casación en su decisión pueda fundarse en ellos, cuando los jueces de instancia por ejemplo, no los han establecido, estando como está obligada la casación a decidir sobre el fondo del asunto porque se le prohíbe el reenvío. Ciertamente, en la formalización del recurso de casación, se decía, en el artículo 180, del referido Proyecto, que sólo se podían alegar los argumentos que justifiquen la nulidad del fallo recurrido. Y en la audiencia del procedimiento de casación no se contemplaba en dicho Proyecto posibilidad alguna de prueba, y tampoco que la Sala de Casación Social pudiera ordenarla. En el Anteproyecto del Tribunal Supremo de Justicia no existe regulación al respecto. Por ello me pareció conveniente que se incorporara en el procedimiento de casación la posibilidad de realizar pruebas para la reproducción audiovisual de las audiencias, cuando se denuncien errores en el establecimiento de los hechos o en la apreciación de las pruebas, en forma contraria a lo que ocurrió en las audiencias. En efecto, ello es más necesario, como se expresó, para los casos en que los jueces de instancia no hayan establecido y apreciado los hechos, y la casación tenga que decidir la controversia porque no hay lugar al reenvío.

En esta materia, en mi humilde criterio, la Ley vigente tampoco resolvió adecuadamente el problema en los casos en que se declare la casación por error en la apreciación y en el establecimiento de los hechos y no existan en verdad hechos establecidos o probados por los jueces de instancia. Sólo se previo la posibilidad de promover pruebas para demostrar el defecto de procedimiento sobre la forma cómo se realizó algún acto, (artículos 175, segundo párrafo, en concordancia con el artículo 168, numeral 1, eiusdem).

Y también se permite la prueba de ese defecto porque la sentencia resulte contrapuesta a lo señalado en el acta del debate (artículo 173, eiusdem). En otras palabras, por el contrario, cuando se funde en hechos falsos; porque no existen hechos establecidos por los jueces, porque no fueron probados en la audiencia del juicio ¿cómo, entonces, puede decidir la casación el fondo de la controversia, tal como se lo demanda el encabezamiento del artículo 175, eiusdem, y su tercer párrafo, sin que se pueda promover pruebas en casación para probar esos hechos?. No le bastará su razonamiento lógico, ni las reglas de la experiencia o sus conocimientos, porque, en todo caso, estos han de partir de presupuestos debidamente acreditados en el proceso sobre los hechos controvertidos, como se advierte en el artículo 121, eiusdem. Se me ocurre, entonces, que de ser así, en este caso, se estaría en presencia también en un vicio de actividad por la omisión de formalidades esenciales que viola el derecho a la defensa, como lo es el decidir sin pruebas, y en consecuencia, la casación no tendría más remedio que decretar la nulidad del fallo y reponer la causa para que se verifiquen los hechos.

5.- Comentarios particulares sobre el procedimiento oral que se sigue ante los Tribunales
del Trabajo.

Formularé algunos comentarios breves sobre determinadas normas procésales del nuevo procedimiento ante los Tribunales del Trabajo.

5. 1. Competencia.

En materia de competencia además de los asuntos contenciosos del trabajo, distintos a los que se tienen que resolver por conciliación y arbitraje, en la Ley en comentarios, en su artículo 29, numeral 4, se ratifica el carácter laboral de las cuestiones suscitadas de la seguridad social, junto con las derivadas de las relaciones laborales como hecho social y de las estipulaciones del contrato de trabajo. E, igualmente mantiene la naturaleza judicial de las solicitudes de calificación de despido o de reenganche formuladas de acuerdo con la estabilidad laboral (artículo 29, eiusdem, numeral 1), Y se agregan los asuntos contenciosos del trabajo relacionados con los intereses colectivos o difusos (Ibidem, numeral 5). Pero, se eliminó dentro de la jurisdicción laboral la competencia de sus Tribunales para conocer de las acciones de nulidad interpuestos contra los actos administrativos emanados de la administración del Trabajo, que se contemplaba en el artículo 30, literal e), del Proyecto de Ley aprobado en primera discusión, así como en el artículo 32, literal e), de la propuesta para la segunda discusión. En ese aspecto, el legislador se inclinó por la eliminación de esta competencia, tal como se proponía en el Anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido que los actos administrativos emanados de las autoridades administrativas del trabajo, se impugnaran por ante la jurisdicción contencioso administrativa (Artículo 27). En mi criterio, ha debido conservarse esta competencia para la jurisdicción laboral, dada su especialidad, que según la Disposición Transitoria Cuarta de la actual Constitución, en su Numeral 4, debe garantizarse a los trabajadores.

En materia de competencia, se aclara, en el artículo 30, de la Ley en comentarios, el carácter inderogable del fuero territorial en esta jurisdicción, al no poderse elegir domicilio especial diferente al del lugar donde se prestó el servicio, o se puso fin a la relación laboral, o al de la celebración del contrato o la residencia del demandante.

Por otra parte, la Ley vigente no acogió la propuesta para la segunda discusión en la Asamblea Nacional, de atribuir competencia a los Tribunales de Trabajo para sustanciar y decidir las solicitudes de calificación de despido o de reenganche formuladas con ocasión de la inamovilidad establecidas en la ley (Artículo 32, literal b). Por tanto, estas pretensiones siguen atribuidas a la jurisdicción administrativa laboral, lo que me parece conveniente .

Por último, de acuerdo con el artículo 193 de la Ley en comentarios, los Tribunales del Trabajo a que se refiere dicha Ley, son competentes también para conocer de las acciones de amparo laboral, aplicándose el procedimiento previsto en la ley de la materia. El único comentario al respecto, por mi parte, es si después que en el numeral 5 del artículo 29, eiusdem, se atribuye a estos Tribunales todas las acciones contenciosas del trabajo relacionados con los intereses colectivos o difusos, ya no es posible seguir sosteniendo la doctrina de la Sala Constitucional que estableció que hasta tanto se regule esta materia, le corresponde exclusivamente conocer de los amparos constitucionales relativos a derechos colectivos o difusos .

5.2.- Legitimación de las partes. Asistencia obligatoria o no de abogados. Procedencia o no de la representación sin poder. Litis consorcios y legitimación de las organizaciones sindicales, de las personas jurídicas y de los procuradores de trabajadores.

En materia de legitimación de las partes la regla general del artículo 46, es la de que las personas naturales pueden actuar por sí mismas, salvo las limitaciones establecidas en la ley. O mediante apoderados, según el artículo 47 eiusdem. Y si se trata de personas jurídicas a través de sus representantes legales, o estatutarios o contractuales, asistidas o representadas de abogado en ejercicio. Este último requisito no es expreso en el caso de las personas naturales, sino que, salvo que la ley lo impida, pueden actuar por si mismas. Ahora bien, ¿ cuál ley?. ¿La Ley Orgánica Procesal del Trabajo? O, ¿la Ley de Abogados?. En el Anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia se imponía siempre la asistencia de abogados cuando las partes actuaban por si mismas (Artículo 44). Igualmente en el Proyecto aprobado en primera discusión (artículo 46) y en la propuesta para la segunda discusión (artículo 48). Sin embargo, el legislador (artículo 46, ya citado) dejó a la ley las limitaciones a las posibilidades de la actuación de las personas naturales por sí mismas sin imponerles el requisito de la asistencia obligatoria de abogado. De modo que sí ese es el principio general, salvo que se prohíba expresamente su propia actuación, las personas naturales pueden actuar por sí mismas. Por ejemplo, el demandante puede presentar oralmente su demanda sin asistencia de abogados, sin lugar a dudas (Parágrafo único del artículo 123, eiusdem) . Y, en caso de su presentación por escrito solo se hace referencia a la identificación del demandante, sin exigirle que si actúa por si debe estar asistido de un abogado (Artículo 123, numeral 1). Asimismo, para la audiencia preliminar el demandado puede comparecer personalmente o por medio de apoderado (Artículo 128, eiusdem). Igualmente, en el artículo 129, eiusdem, relativo a las formalidades de la audiencia preliminar, se dice que este acto se celebrará con la asistencia de las partes o de sus apoderados, sin prohibir expresamente su actuación sin abogado. Igual sucede con el artículo 151, eiusdem, que se refiere a las formalidades de la audiencia del juicio, previéndose la concurrencia de las partes o sus apoderados, no prohibiéndose tampoco su actuación propia sin la asistencia de abogados. Ahora bien, en mi criterio en los actos de complejidad técnica, como el de la audiencia preliminar, donde ya no se trata de la simple conversación entre las partes, como también es el caso de la audiencia del juicio, el Juez, haciendo uso de sus facultades de velar por la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y la igualdad en el proceso (artículo 5°, eiusdem), podría sugerir al trabajador demandante, que se haga asistir de abogado para garantizar su defensa. Por supuesto, que en los procedimientos de apelación, y con mayor razón en el de casación, la asistencia de abogados, es imprescindible. En el Anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia se permitía expresamente la representación sin poder para la parte demandada, por quien reuniera las condiciones para ser apoderado judicial (Artículo 46). Mientras que en el Proyecto aprobado en primera discusión se prohibía explícitamente (artículo 47). No así en la propuesta para la segunda discusión, en donde se eliminó está prohibición expresa (artículo 49). Por ello, por aplicación analógica del principio general de la representación sin poder para la ampliación de la defensa de los demandados, contemplado en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, con fundamento en el artículo 11, de la Ley en comentarios, pienso que el Juez laboral puede permitir la representación sin poder para el demandado, en el proceso laboral oral.

En lo referente al litis consorcio se admite, en el artículo 49, eiusdem, que dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso, en forma conjunta, siempre que las pretensiones tengan conexión por su causa u objeto, o cuando la sentencia a dictar con respecto a una de ellas pudiera afectar a la otra. E, incluso, según esta misma norma, en su último aparte, varios trabajadores pueden demandar sus derechos y prestaciones sociales, en un mismo libelo y a un mismo patrono, pero sus actos como litigantes independientes, no obstante la acumulación de pretensiones en un solo libelo, ni favorecen ni perjudican a los restantes litisconsortes. Por ejemplo, las pruebas de uno no favorecen a los otros. Esta norma, sin dudas, evita la aplicación de la doctrina de la Sala Constitucional que consideró violatoria del debido proceso la acumulación de demandas laborales de diferentes trabajadores en contra de un mismo patrono (Sentencia de fecha 28.11.2001, Caso AERO EXPRESOS EJECUTIVOS, C.A.). Por otra parte, el artículo 49, antes citado, que permite esa acumulación, entró en vigencia con la publicación de la Ley, según el artículo 194, eiusdem. Sin embargo, entiendo que para los procesos futuros pero no para los procesos que estén en curso, antes de la publicación de la Ley, porque, según el artículo 335 de la actual Constitución, a los jueces que venían conociendo de estos procesos los alcanzó el carácter vinculante de la doctrina interpretativa de la Sala Constitucional que estableció la inconstitucionalidad de tales litis consorcio. En todo caso, a mi juicio, por la misma argumentación de la sentencia mencionada de la Sala Constitucional, relativa a la violación del debido proceso en los casos de estos litis consorcios, queda en duda el tema de la constitucionalidad del artículo 49 de la Ley en comentarios. Porque, pienso, que el problema no consiste en darle prevalencia al artículo 49, ya citado, como norma especial con relación al artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, que no admite este tipo de litis consorcio, como se señaló en la Sentencia N° 266 del 23.01.2003 de la Sala de Casación Social, sino que se trata de la inconstitucionalidad del referido artículo 49, por violar el derecho a la defensa de la parte demandada y del debido proceso, por las razones que respecto de estos litis consorcios lo asentó la Sala Constitucional en su sentencia de fecha 28.11.2001, ya mencionado.

Y por lo que atiende al requisito de la identificación de las partes en las demandas, en lo referente a las demandas presentadas por organizaciones sindicales, en el artículo 123 de la Ley en comento, se emplea una terminología que puede dar lugar a problemas interpretativos. En efecto, en el numeral 1 de este artículo se exige, que en estos casos la demanda ha de intentarla quien ejerza la personería jurídica de la organización sindical, confundiéndose personería o personalidad, que es una cuestión de capacidad, con representación. La personería o personalidad deriva del nacimiento o de la constitución regular de una persona jurídica, que es diferente a su representación en juicio, que se refiere a la legitimación procesal. Ello es tan cierto, que las asociaciones sin personería o personalidad por haberse constituido irregularmente, sin embargo, tienen legitimación procesal para estar en juicio. Por ello, es más preciso señalar que quienes pueden intentar demandas por una de estas organizaciones son sus representantes según sus estatutos; o quienes actúan por ellas, o a las cuales sus asociados han conferido representación; como así se señala en los artículos 137 y 139 del Código de Procedimiento Civil. Puede indicarse, por ejemplo, que en el caso de demandas contra personas jurídicas, en el artículo 123, numeral 2, de la Ley en comento, se exige que se indique los datos de identificación de cualesquiera de los representantes legales, estatutarios o judiciales, que como se dijo, es más preciso. En efecto, esos representantes no sólo son legales, sino también los que según sus estatutos o sus contratos tengan la representación de las personas jurídicas. O quienes la ostenten por designación judicial, como en el caso de los síndicos en los procedimientos concúrsales (Artículo 972 del C. de C.).

También los actuales Procuradores de Trabajadores pueden presentar demandas en nombre de los trabajadores, aunque no se mencione en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, porque en su artículo 206, se mantiene en vigencia el servicio de asistencia jurídica y de representación que presta la Procuraduría de Trabajadores, mientras se dicta la Ley Orgánica sobre la Defensa Pública, a que se contrae la Disposición Transitoria Cuarta, Numeral 5, de la actual Constitución.

5.3.- Incidencia de corrección de defectos u omisiones de la demanda. Perención de la instancia e inadmisibilidad de la demanda. Recursos.

Si el libelo llena los requisitos exigidos en el artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, según el artículo 124, eiusdem, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, debe admitir la demanda dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción . De no cumplir con estos requisitos, el mismo Juez, conforme a esta última norma, debe disponer, entonces, su corrección al demandante, con apercibimiento de perención de la instancia. Ello debe hacerlo el demandante en los dos días hábiles siguientes. Este lapso corre una vez que se notifique el demandante. Pienso ante la ausencia de norma expresa que esta notificación debe hacerse personalmente mediante boleta en el domicilio que se hubiere señalado en el libelo, según el numeral 1 del artículo 123, eiusdem. A tal efecto, con fundamento en el artículo 11, eiusdem, el Juez puede aplicar por analogía el artículo 233 del C. P. C., y agotar la notificación personal . La consecuencia del incumplimiento de esta carga procesal es la perención de la instancia, y no la inadmisibilidad de la demanda, como se proponía en el Anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia (artículo 116) y en el Proyecto aprobado en segunda discusión (artículo 128) y en la propuesta para la segunda discusión (artículo 131). En consecuencia, el demandante puede proponer nueva demanda posteriormente. Frente a la orden de corrección el demandante no tiene recurso, sino la carga de cumplir con esa orden. Pero, ante la declaratoria de perención el demandante, si considera que si corrigió debidamente su demanda, en mi criterio, debe tener derecho a apelar de la respectiva decisión, por poner fin al juicio, al igual que se da apelación en el mismo artículo 124, contra de la decisión que declare inadmisible la demanda.

Toda demanda, de acuerdo con el artículo 124, citado, debe ser objeto de una revisión preliminar a los efectos de su admisibilidad en el lapso de cinco (5) días hábiles. No se señalan cuáles son los motivos de inadmisibilidad. Pero, si se puede afirmar que sus defectos no la hacen inadmisible sino corregible. Así, entonces, la inadmisibilidad sólo puede basarse en motivos expresamente establecidos.

De la decisión que declare inadmisible una demanda se da apelación para ante el Tribunal Superior del Trabajo, si se ejerce dentro del vencimiento de los cinco días hábiles siguientes al lapso establecido para que el Juez provea sobre la admisibilidad de la demanda. Y, la decisión que en forma oral dicte el Tribunal Superior dentro de los cinco días siguientes al recibo del expediente, previa audiencia de parte, es recurrible en casación, si su cuantía excede las tres mil unidades tributarias (Artículo 167, numeral 1, eiusdem). El apelante tiene la carga de concurrir a la audiencia fijada en la alzada, bajo pena de declararse desistida la apelación. Sólo queda advertir que si la Sala de Casación Social casa la sentencia recurrida, deberá hacerlo con reenvío, para que el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución de inicio al procedimiento en primera instancia.

En el Anteproyecto elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia se indicaba en el artículo 117 , que junto con la demanda presentada en forma verbal o escrita, la parte actora debía acompañar todas las pruebas que considere pertinentes para demostrar su pretensión, con la advertencia que a posteriori no le serían admitidas. En el Proyecto aprobado en primera discusión y en la propuesta para la segunda discusión, en sus artículos 73 y 75, respectivamente, se establecía igual requisito. En la Ley vigente, por el contrario, se eliminó este requisito, estableciéndose como regla general la audiencia preliminar para que ambas partes promuevan pruebas, salvo las excepciones que la misma ley establece (Artículos 70 y 73, eiusdem). Por tanto, no es un requisito de la demanda el acompañar prueba alguna, ni siquiera el instrumento en que se funde la demanda.

5.4.- Emplazamiento del demandado para la audiencia preliminar.

Admitida la demanda, de acuerdo con el artículo 126, eiusdem, se ordena la notificación del demandado, que según los artículos 128 y 11, eiusdem, es un verdadero emplazamiento para que comparezca personalmente o por medio de apoderado, al décimo día hábil siguiente, posterior a la constancia en autos de su notificación, a la hora que fije el Tribunal, para que tenga lugar la audiencia preliminar. Esa notificación se hace mediante la fijación de un cartel en la puerta de la sede de la empresa y con la entrega de una copia del mismo al patrono o con su consignación en su secretaria o en su oficina receptora de correspondencia, si la hubiere. También, a solicitud de parte o de oficio, dispone el artículo 126, citado, en su tercer párrafo, la notificación del demandado la puede practicar el Tribunal por los medios electrónicos de que disponga, si éstos son de su propiedad, procediendo conforme con lo establecido en la Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas. Al existir en el expediente constancia de haberse cumplido por el alguacil las diligencias de fijación del Cartel y de la entrega o consignación de su copia, con indicación de la identificación de la persona que la recibió; o, en su caso, la constancia del Juez que se materializó la notificación por medio electrónico; al día siguiente se computa el lapso para que el demandado comparezca al décimo (10°) día hábil, a la hora fijada, para que tenga lugar la audiencia preliminar. Y, si son varios los demandados, al partir del día siguiente de la última de sus notificaciones, como se aclara en el artículo 128, eiusdem.

Igualmente, según el artículo 127, eiusdem, la notificación puede hacerse por correo certificado con aviso de recibo. Para ello deberá indicarse por el demandante la oficina o lugar donde el demandado ejerza su comercio e industria. En cuyo caso el Alguacil depositará el sobre en la respectiva Oficina de Correo conteniendo el cartel de notificación. El aviso de recibo se agrega al expediente, una vez recibido a la vuelta del correo del administrador o director de este servicio, y al día siguiente comienza a computarse el lapso de comparecencia del demandado.

Nada se dice en la Ley si se concede término de distancia para la comparecencia del demandado a la audiencia preliminar. Sin embargo, en el caso que éste se encuentre fuera del lugar de la sede del Tribunal, para garantizar el derecho de defensa del demandado el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, de conformidad con la potestad que se atribuye a los jueces del Trabajo, en el artículo 65 de la Ley en comentarios, de fijar en ausencia de regulación legal los términos o lapsos para el cumplimiento de los actos procésales previstos en la ley, puede conceder término distancia al demandado.

No se prevé en el texto legal en comentarios, cómo se procede en el caso que el Alguacil no pueda cumplir con las diligencias de la notificación. Por ejemplo, cuando la persona a quien se le entregue la copia del cartel no lo quiera recibir o no quiera identificarse. O, si tampoco se logra la citación por correo certificado con aviso de recibo. En estos casos, el Juez, con fundamento en el artículo 11 eiusdem, deberá por analogía aplicar las formas sustitutas de la notificación personal previstas en el artículo 233 del C.P.C., y publicar el cartel en un diario de los de mayor circulación en la localidad, indicando al demandado que deberá concurrir dentro de los diez días hábiles siguientes a la audiencia preliminar, apercibiéndole que de no comparecer, personalmente o por medio de apoderado, en atención a lo dispuesto en los artículos 129 y artículo 131, eiusdem, se presumirá que admite los hechos alegados en la demanda.

Debe tenerse presente que en caso de litis consorcio pasivo, según el artículo 51, eiusdem, el Juez no ordenará la notificación de ningún demandado, si el demandante no proporciona los datos necesarios para el emplazamiento de todos los litisconsortes. Quienes deberán ser emplazados en la forma contemplada en los artículos 126 y 127, de la misma Ley, conforme se advierte en el artículo 50, eiusdem.

5.5.- La audiencia preliminar. El desistimiento y la confesión ficta por la falta de comparecencia de las partes.

Según el artículo 129 de la Ley en comentarios, la audiencia preliminar será oral y privada. Ello es una excepción a la regla contenida en el artículo 4°, eiusdem, que establece que todos los actos del proceso laboral serán públicos. Ahora bien, según esta norma, la asistencia de las partes es obligatoria, y por supuesto del juez, que la presidirá. En los casos de litis consorcios, el Juez designará una representación no mayor de tres personas por cada parte, a los fines de mediar y conciliar las posiciones de las mismas. Si falta el demandante se considerará desistido el procedimiento, en cuyo caso el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución pone fin al procedimiento mediante una sentencia oral dictada en la audiencia que se reducirá en el mismo momento a un acta. Así se dispone en el artículo 130, de la Ley en comentarios. Si quien no comparece es el demandado, entonces, se presume que admite los hechos alegados en la demanda. En cuyo caso es el mismo Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, quien sentenciará en forma oral, atribuyéndosele el valor de una confesión a la inasistencia del demandado. Ello si la pretensión del demandante no es contraria a derecho. Así, se contempla en el artículo 131, eiusdem. No cabe duda, pues, que la notificación del demandando es un verdadero emplazamiento, y no una simple notificación, por las consecuencias negativas de su falta de comparecencia.
En estos casos de desistimiento del procedimiento o de confesión ficta por la falta de comparecencia del demandante o del demandado, respectivamente, la sentencia que así lo declare es apelable, en ambos efectos, ante el Tribunal Superior del Trabajo, según los artículos 130 y 131, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a partir de la publicación del fallo. E, igualmente recurribles en casación, si su cuantía excede de tres mil unidades tributarias, conforme al numeral 1 del artículo 167, eiusdem.

En ambos casos, el apelante puede invocar motivos justificados y fundados o razones de fuerza mayor o caso fortuito, que si a juicio del Tribunal de alzada son plenamente comprobables, puede revocar la sentencia de primera instancia, ordenando la realización de una nueva audiencia preliminar. O, en su lugar, de no considerar procedentes tales motivos, puede confirmarla. De este modo, al quedar firme la decisión de primera instancia, el demandante no podrá demandar antes que trascurra noventa días continuos, conforme lo previsto en el Parágrafo Primero del artículo 130, ya citado. Y, habrá terminado el juicio en el caso de la confesión del demandado. Salvo, por supuesto que se ejerza recurso de casación. En el supuesto de confesión ficta por la ausencia del demandado, la casación podrá casar la sentencia sin reenvío.

En mi criterio, en estos casos, si los hechos que justifican la inasistencia de las partes son notorios, bastará con alegarlos. En caso contrario deberán demostrarse ante el Tribunal Superior, en la respectiva audiencia, según el Parágrafo Segundo del artículo 130, y de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 131, ya citados. Igualmente, a mi juicio procede la revocatoria de las sentencias si se demuestra fraude o dolo, o la violación de las formas esenciales, en el acto de la notificación. Ello con fundamento en el artículo 48, eiusdem.

A diferencia de lo que ocurre en la audiencia del juicio, cuando no comparece ninguna de las partes, que determina la extinción de la instancia (artículo 151, último aparte), no se prevé una disposición similar si ello ocurre en la audiencia preliminar. En mi criterio, la falta de previsión expresa impide aplicar la misma consecuencia procesal. Por el contrario, pienso que en ese supuesto se paraliza el proceso, y de prolongarse por más de un (1) año sin que se gestione la continuación del procedimiento, se produce la perención conforme a lo previsto en el artículo 201 eiusdem.






5.6. La prohibición de cuestiones previas incidentales. La oposición de defectos procésales. El despacho saneador. El agotamiento del debate. La terminación de la audiencia preliminar. La contestación de la demanda. Remisión del expediente al Juez del juicio.

En la audiencia preliminar, según el artículo 129 de la Ley en comento, no se admitirá la oposición de cuestiones previas. Por el contrario, según el artículo 134, eiusdem, si en esta audiencia no fuere posible la conciliación, el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, deberá resolver en forma oral todos los vicios procésales que se pudieren detectar, bien a petición de parte o de oficio, a través de la providencia denominada despacho saneador, que reducirá en un acta. Estos vicios son en verdad defectos, por ejemplo, atinentes a los presupuestos procésales, como falta de jurisdicción, incompetencia, inadmisibilidad de la demanda, inepta acumulación de pretensiones, falta de legitimación procesal o la falta de constitución válida de litis consorcio; o nulidades procésales, que el Juez puede subsanar. Pero no así los relativos a los requisitos constitutivos de la acción como la cualidad o caducidad, prohibición legal de la acción, o prescripción, que constituyen defensas perentorias que corresponderá resolver al Juez de juicio. Ahora bien, es cierto que según el citado artículo 129, en la audiencia preliminar no se permite la oposición de cuestiones previas, como incidencias autónomas. Por tanto, los defectos de algunos de los presupuestos procésales señalados, han de plantearse en la audiencia preliminar y ser resueltos por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, mediante el despacho saneador que puede significar providencias sustanciadoras que obliguen a las partes a cumplir determinados actos, para subsanar las deficiencias de sus pretensiones. Por ejemplo, desembarazarse de la pretensión acumulada indebidamente. O, también reposiciones o anulaciones, de ser el caso para corregir los defectos del proceso, para volver a celebrar validamente la audiencia preliminar. Por ejemplo, la falta de emplazamiento de todos los litisconsortes, conforme a lo previsto en los artículos 50 y 51, eiusdem. Las cuales una vez dictadas deberán cumplirse, para lo cual la audiencia preliminar puede prolongarse, según el artículo 132, eiusdem, pero sin exceder de cuatro (4) meses, como lo previene el artículo 136, eiusdem. Igualmente, el despacho saneador puede consistir en una declaratoria de incompetencia o de falta de jurisdicción, en cuyo caso, se podría aplicar por analogía el recurso de regulación de competencia o de jurisdicción, respectivamente, con fundamento en el artículo 11, eiusdem.

El artículo 132, de la Ley en comento, establece que en la audiencia preliminar se debe agotar el debate, para lo cual esta audiencia puede prolongarse, previa aprobación del Juez, de modo que si no fuere suficiente la audiencia fijada, ha de continuar el día hábil siguiente y así cuantas veces sea necesario, hasta agotarlo. Ahora bien, ¿ en qué consiste ese debate, si en esta audiencia no se pueden proponer cuestiones previas y tampoco tiene lugar la contestación de la demanda, que sólo ocurre al concluir dicha audiencia, dentro de los cinco días hábiles siguientes, como se consagra en el artículo 135, eiusdem?. Pues bien, en primer lugar, en la audiencia preliminar, principalmente debe procurarse la mediación y conciliación de las partes, por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución conforme se desprende del artículo 133, de la Ley en comentarios. Pero, asimismo, si no hay lugar a la conciliación ni al arbitraje, las partes pueden promover sus pruebas (artículo 73); y el demandado puede solicitar la notificación de un tercero garante o litisconsorte (artículo 54); y, como ya se expresó, también las partes pueden alegar para que el Juez subsane mediante el despacho saneador los defectos de los presupuestos procésales y los vicios del procedimiento; así como solicitar medidas cautelares (artículo 137).

De no haber finalizado el procedimiento por conciliación o arbitraje, el Juez deberá declarar concluida la audiencia preliminar, y en ese mismo acto debe incorporar las pruebas promovidas por las partes en esa audiencia, a los fines de su admisión y evacuación por el Juez de Juicio (artículo 74, eiusdem). Pero, no remitirá el expediente porque dentro de los cinco días hábiles siguientes, el demandado debe consignar por escrito la contestación de la demanda (artículo 135, eiusdem). De no hacerlo el demandado, se le tiene por confeso, en cuyo caso el Juez de Sustanciación remite de inmediato el expediente al Juez de Juicio quien deberá resolver dentro de los tres días siguientes al recibo del expediente, ateniéndose a la confesión del demandado (Ibidem). Con la conclusión de la audiencia preliminar precluye para el demandante la oportunidad de sostener nuevos hechos, puesto que en la audiencia del juicio sus alegatos solo pueden recaer sobre sus pretensiones contenidas en la demanda y en la contestación (artículo 151, eiusdem). El demandado, a su vez, tiene la ventaja de acomodar su contestación al contenido de la audiencia preliminar, puesto que ello ocurre después de realizada esta audiencia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes (artículo 135) eiusdem.

No se regula lo relativo a la reconvención, como si ello no pudiera ocurrir en el proceso laboral oral. Pienso, que esta defensa sólo puede plantearse en la oportunidad de la contestación de la demanda, de forma que ha de darse al demandante oportunidad para que le de contestación, por aplicación analógica del artículo 135 eiusdem, con fundamento en el artículo 11 eiusdem en cuyo caso, se pasarían después los autos al Juez de Juicio, puesto que una nueva audiencia preliminar es inútil, pues, las partes no han querido avenirse.

La primera obligación del Juez en la audiencia preliminar es llamar a la mediación y conciliación a las partes, insistiendo que éstas pongan fin a la controversia mediante cualesquiera de los medios de auto composición procesal. Esta función conciliadora es de la esencia de la participación activa de los jueces en el proceso laboral oral, conforme a lo previsto en el artículo 6°, eiusdem, de modo que sean las partes las que pongan fin a su pleito, a través de los medios alternativos de solución de conflictos, señalados en la propia ley, como la conciliación, mediación y arbitraje. De estos medios salvo la referencia a la exención de las costas en la transacción (artículo 62, Parágrafo único, eiusdem), sólo se regula el arbitraje, que procede a petición de las partes (artículo 138, eiusdem), en cuyo caso, el Juez al que corresponda, deberá declarar terminado el procedimiento judicial oral. En este supuesto ordenará que se cumpla el procedimiento de arbitraje que se contempla de los artículos 139 a 148, eiusdem, mediante una Junta de Arbitraje integrada por tres árbitros escogidos al azar de una lista preestablecida por la Sala de Casación Social, ante la cual han de juramentarse, de los cuales el Juez que ha venido conociendo designará el presidente. Junta esta que dispone de un lapso de treinta días hábiles siguientes a su constitución para dictar el laudo, que si bien es inapelable es recurrible de inmediato (per saltum) por ante la Sala de Casación Social, si la cuantía del asunto excede la establecida en el artículo 167, eiusdem; y sólo por los motivos taxativos contemplados en el artículo 149, eiusdem. De forma que el arbitraje es uno de los modos de terminación de la audiencia preliminar o en su caso de la audiencia del juicio.

Pienso que no procede el recurso de control de legalidad contra los laudos arbítrales que no fueren recurribles en casación, porque este recurso excepcional solo se da contra sentencias de los Tribunales Superiores del Trabajo, según el artículo 178 eiusdem. Y, si se trata del recurso de casación contra los laudos arbítrales, éste solo puede fundarse en los motivos señalados en el artículo 149 de la Ley en Comento y no en los motivos indicados en el artículo 167, eiusdem.

5.7. El tiempo de las medidas cautelares. Recursos. Intervención de terceros afectados.

No se aclara, en el artículo 137 de la Ley en comentarios si las medidas cautelares deben solicitarse o decretarse antes, en la audiencia preliminar o después de la conclusión de la audiencia preliminar. Da la impresión que ello es procedente antes, pero también durante y después de la audiencia preliminar, y previo a la remisión del expediente al Juez del Juicio. Y, contra el decreto de medidas cautelares no se da oposición sino apelación por la parte afectada, la cual se oye en un solo efecto, de acuerdo con el artículo citado. Tampoco se aclara lo relativo a la situación de los terceros afectados por estas medidas. Sin embargo, en mi criterio, estos terceros pueden intervenir en primera instancia antes de la audiencia del juicio, según el artículo 53, eiusdem, para oponerse a la medida, y en su caso, apelar si se les desestima la oposición. Por otra parte, tales medidas pueden ser las que el Juez considere adecuadas. Para ello se exige la presunción grave del derecho reclamado. Es decir, la verosimilitud del hecho debatido. Y, además, aunque no se precise las medidas han de ser racionales y proporcionales a la cuestión planteada.

5.8.- La admisión y evacuación de las pruebas. La carga de la prueba.

En la Ley vigente, las pruebas por regla general deben promoverse por ambas partes en la audiencia preliminar, salvo las excepciones establecidas expresamente en la misma Ley, según lo dispuesto en el artículo 73, eiusdem. Debe advertirse que esas pruebas son todas las previstas en la Ley en comentarios, en el Código de Procedimiento Civil, en el Código Civil y en otras leyes, pero en el encabezamiento del artículo 70, eiusdem, se excluyen las pruebas de posiciones juradas y de juramento decisorio. Ahora bien, según los textos de los artículos 77, 78, 81, 82, 92, 93, 107 y 111, todos de la Ley citada, da la impresión que los instrumentos, la prueba de informes, la exhibición de documentos, la prueba de experticia, las reproducciones, copias y experimentos y la inspección judicial, también pueden ser promovidos incluso en la audiencia del juicio. En efecto, en el artículo 153, eiusdem, a diferencia de las normas citadas expresamente se establece que la testimonial puede realizarse en la audiencia del juicio, siempre y cuando se hubieren promovido los testigos en la audiencia preliminar. Pero, para los demás medios probatorios no se contempla una disposición similar. Esta interpretación se fortalece con el artículo 156, eiusdem, en cuyo texto se dice que en la audiencia del juicio las partes pueden solicitar la evacuación de cualquier otra prueba que consideren necesaria para el mejor esclarecimiento de la verdad. E, incluso ordenarse de oficio por el Juez, lo cual confirma el principio consagrado en el artículo 71, eiusdem.

Respecto del trámite de las pruebas promovidas en la audiencia preliminar de acuerdo con el artículo 75, eiusdem, el Juez del Juicio es quien las providencia. Y ante su negativa de admitirlas, por disposición del artículo 76, eiusdem, cabe recurso de apelación dentro de los tres días hábiles siguientes, en un solo efecto, para ante el Tribunal Superior del Trabajo, quien debe decidir en forma oral e inmediatamente, previa audiencia de parte, en un lapso no mayor de cinco días hábiles a partir de la realización de la audiencia.

Cinco comentarios más respecto de las pruebas. El primero, que el Juez que debe sentenciar es quien debe presenciar la evacuación de las pruebas, conforme se consagra en el artículo 6°, eiusdem, aunque se hubieren promovido ante un Juez distinto en la audiencia preliminar (artículo 73, eiusdem). El segundo, que de las pruebas evacuadas que hubiere presenciado, los Jueces de Mérito obtienen su convencimiento (artículo 6°, in fine), salvo que se trate de la falta de contestación de la demanda, en cuyo caso la sentencia se atiene a la confesión del demandado (artículo 135, in fine, eiusdem). El tercero, que las pruebas las apreciarán los Jueces del Juicio según las reglas de la sana crítica, prefiriendo en caso de duda la valoración más favorable al trabajador (artículo 10, eiusdem). Cuarto, que si bien la carga de la prueba corresponde a quien afirme los hechos o los contradiga alegando nuevos hechos; sin embargo, la prueba de las causas del despido y del pago de las obligaciones laborales siempre corresponde al patrono. Pero, en todo caso el Juez mantiene su facultad inquisitiva, si las pruebas de las partes son insuficientes (artículo 71, eiusdem).Y, que en el supuesto que el trabajador tenga que probar la relación del trabajo se le favorece con la presunción de su existencia independientemente de su posición en el proceso (Artículo 72, eiusdem). Y, finalmente, que la conducta procesal de las partes es un elemento de convicción para los Jueces al dictar la sentencia (Artículos 48 y 122, eiusdem).

5.9.- Las incidencias de tacha, de cotejo de documentos privados y de tacha de testigos.

La tacha de falsedad de los instrumentos debe proponerse como incidencia en la audiencia del juicio, según el artículo 84 de la Ley en comento, por los motivos señalados en el artículo 83, eiusdem. Aún cuando hubieren sido promovidos en la audiencia preliminar (artículos 73 y 74 eiusdem). El tachante debe hacerlo en forma oral, señalando los motivos y los hechos en que se basa. En cuyo caso, dentro de los dos días hábiles siguientes, deberán las partes promover las pruebas relativas a la tacha, y el Juez del Juicio fijar la oportunidad para su evacuación, en un lapso no mayor de tres días hábiles. Pudiéndose prorrogar hasta por cinco días hábiles (artículo 85, eiusdem). En estos casos, la sentencia definitiva se dictará el día en que finalice la evacuación de las pruebas de la tacha y abarcará el pronunciamiento sobre esta (Ibidem). Quiere decir, entonces, que en este supuesto puede ocurrir una suspensión de la audiencia del juicio hasta tanto culmine la incidencia de la tacha.

El desconocimiento de los instrumentos privados se debe hacer en la audiencia del juicio, si el instrumento se produjo en la audiencia preliminar (artículo 86, eiusdem). En cuyo caso la parte que lo aportó podrá probar su autenticidad, mediante la prueba de cotejo por expertos, o a través de la solicitud de que la parte contraria escriba y firme en presencia del Juez; que deberán solicitarse en la misma oportunidad del desconocimiento. A diferencia de la incidencia de la tacha de instrumentos, para la prueba de la autenticidad de instrumentos privados, no se prevén lapsos especiales para el cotejo, por lo que deberá realizarse en la audiencia del juicio. Y la decisión sobre la incidencia de reconocimiento del instrumento privado será resuelta en la sentencia definitiva (Artículos 87, 88, 89, 90 y 91, eiusdem). En otras palabras, no da lugar a una incidencia dentro de la audiencia del juicio.

Los testigos sólo pueden tacharse en la audiencia del juicio (artículo 100, eiusdem), aunque su promoción se hace en la audiencia preliminar (artículo 153, eiusdem). Y para su comprobación se siguen los mismos lapsos del trámite establecido en los artículos 84 y 85 para la tacha de falsedad de instrumentos y la decisión sobre la tacha de testigos se pronuncia en la sentencia definitiva (artículo 102, eiusdem).

5.10.- El procedimiento de juicio. La audiencia o de debate oral. El desistimiento de la acción y la confesión ficta por la falta de comparecencia del demandante o del demandado. La extinción del proceso por la ausencia de ambas partes.

Al recibir el expediente el Juez de Juicio al quinto día hábil debe fijar por auto expreso el día y la hora para la celebración de esta audiencia, no más allá de treinta días hábiles de dicho auto, como se expresa en el artículo 150, eiusdem. Ese tiempo de cinco (5) días que tiene el Juez de juicio para fijar la audiencia principal, en mi criterio, le sirven para enterarse del objeto del proceso. Y también sobre de las cuestiones probatorias que habrán de dilucidarse en la audiencia, porque recuérdese que este Juez no ha participado en la etapa de promoción, pero que, sin embargo, le corresponde pronunciarse sobre la admisión de las pruebas (artículo 75, eiusdem). El día de la audiencia de juicio obligatoriamente deben comparecer ambas partes, personalmente o mediante apoderados para que expongan oralmente sus alegatos contenidos en la demanda o en su contestación. De modo que de faltar el demandante se entiende desistida la acción y si lo es el demandado, éste incurre en confesión ficta, según el artículo 151, eiusdem, aunque con anterioridad contestó la demanda. En estos casos el Juez de juicio dicta sentencia en forma oral, reduciéndola a un acta, que por la ausencia del demandado tendrá como fundamento dicha confesión, si la pretensión del demandante es procedente en derecho. Estas decisiones son apelables libremente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, y, en su caso, recurribles por ante la Sala de Casación Social si el interés económico de la causa excede de tres mil unidades tributarias. Pero, en ambos casos las partes pueden alegar motivos justificados para su incomparecencia, de caso fortuito o fuerza mayor, que de comprobarse por el Tribunal Superior o la Sala de Casación Social, dispondrán la realización de una nueva audiencia principal. Por último, si ninguna de las partes comparece el proceso se extingue, como se advierte en el artículo 151, eiusdem. Por lo que el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes de transcurrir noventa (90) días después de declarada la extinción de la instancia, por aplicación del artículo 204, eiusdem, sin que corran los lapsos de prescripción y sin afectar los efectos de la notificación del demandado, según el artículo 201, eiusdem.

5.11.- La actividad probatoria en la audiencia principal.

En esta audiencia después de escuchados los alegatos de las partes, se evacuarán las pruebas, comenzando por las del demandante, cuya práctica la señalará el Tribunal en este acto. Y después por el demandado. Por ejemplo, la presentación de los testigos promovidos por las partes en la audiencia preliminar, sin necesidad de notificación alguna; la comparecencia de expertos, designados conforme lo dispuesto en el artículo 94, eiusdem. Salvo los instrumentos o pruebas existentes en los autos, a las cuales tenga que referirse la exposición oral, de acuerdo con el artículo 152, eiusdem, a las partes no se les permite la presentación ni la lectura de ningún escrito. Respecto de las pruebas las partes tienen derecho a presentar observaciones orales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 155, de la Ley en comentarios. Y, en el artículo 156, eiusdem, se faculta al Juez para que, de oficio o a petición de parte, disponga la evacuación de cualesquiera otra prueba que considere necesaria. Dentro de estas pruebas se encuentra la declaración de parte, prevista en el artículo 103, eiusdem, para lo cual se consideran juramentados el demandante y el demandado por su presencia en la audiencia del juicio, cuyas respuestas se tendrán como una confesión sobre los asuntos que se les interrogue, en relación con la prestación del servicio, así como la negativa o evasiva a contestar las preguntas (artículos 103, ya citado, y 106, eiusdem). Es importante señalar que en las preguntas y respuestas se resumirán en el acta de la audiencia del juicio si no es posible su grabación, como se prevé en el artículo 105, eiusdem. Puede observarse, que las posiciones juradas y el juramento decisorio, que están excluidos como medios probatorios en el artículo 70, eiusdem, se sustituyen por la declaración de parte que solo procede a instancia del Juez de Juicio, cuyas respuestas, sin embargo equivalen a una confesión, según el artículo 103 eiusdem. No obstante, pienso que su valor no es pleno, porque el Juez ha de valorarlas según las reglas de sana crítica (artículo 10 eiusdem).

Igualmente, en esta audiencia tienen lugar la incidencia de tacha de documentos, y el reconocimiento de instrumentos privados y la tacha de testigos, como se expresó anteriormente (artículos 83, 86 y 100, eiusdem).

Finalmente, lo acontecido en la audiencia de juicio deberá ser reproducido en forma audiovisual y sólo en casos excepcionales y ante la imposibilidad manifiesta de reproducción audiovisual, ésta podrá realizarse sin estos medios, dejando el Juez constancia de esta circunstancia en la sentencia. En todo caso, la cinta o medio electrónico de reproducción de haberse utilizado, se remite en sobre sellado para que pueda ser del conocimiento del Tribunal Superior del Trabajo o de la Sala de Casación Social (artículo 162, eiusdem).

5.12.- La sentencia. Pronunciamiento oral. Diferimiento. Repetición del debate oral por la falta de pronunciamiento de la sentencia.

Al concluir el debate oral, que puede ocurrir en la misma audiencia o en otra de no ser suficientes, las horas de despacho o la audiencia fijada, para cuya prorroga se puede fijar el día hábil siguiente y cuantas veces fuere necesario hasta agotarlo, según el artículo 157, eiusdem, el Juez ha de retirarse de la audiencia por un tiempo no mayor de sesenta minutos, de acuerdo con el artículo 158, eiusdem. Las partes deben permanecer en la Sala de Audiencias. Al regresar el Juez de juicio pronuncia oralmente la sentencia, con expresión del dispositivo y una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y derecho, y la reducirá de inmediato en cuanto a su dispositiva a forma escrita. De requerirlo la complejidad del asunto el Juez de juicio puede diferir por una sola vez la oportunidad para dictar sentencia por un lapso no mayor de cinco (5) días hábiles después de evacuadas todas las pruebas. Si el Juez, dice el artículo 158, antes citado, no decide la causa inmediatamente después de concluido el debate oral; (o en la fecha para la cual difirió la sentencia, puede agregarse), ha de repetirse de nuevo el debate oral para lo cual se fijará otra oportunidad. Es decir, se trata de una anulación de la audiencia principal y de su reposición, por la falta de pronunciamiento de la sentencia.

Recuérdese que si la incidencia de tacha de documentos no ha finalizado, la sentencia definitiva deberá diferirse para que comprenda tanto el fondo del asunto con la cuestión incidental de la tacha (artículo 85, eiusdem).

5.13.- Documentación o protocolización de la sentencia. Requisitos de la sentencia escrita. Motivos de nulidad. Fundamentos de equidad y de reglas de experiencia. Apreciación de las pruebas. La conducta de las partes como elementos de convicción o de prueba contraria a sus intereses.

La sentencia dictada oralmente debe reproducirse por escrito y se agrega al expediente, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles después de su pronunciamiento verbal, dejándose constancia por el Secretario del día y la hora de esta actuación. Así se prevé en el artículo 159, de la Ley en comentarios.

La sentencia, según este mismo artículo, debe estar redactada en términos claros, precisos y lacónicos, sin narrativa ni trascripciones de actas o documentos del expediente, pero si contendrá la identificación de las partes y sus apoderados; los motivos de hecho y de derecho de la decisión; así como la determinación del objeto o cosas sobre las que recaiga. Y, de ser necesario puede disponerse que se practique una experticia complementaria del fallo por un solo experto designado por el Tribunal.

Si la sentencia, conforme al artículo 160, eiusdem, no contiene las anteriores determinaciones; o absuelve la instancia; o resulta contradictoria de modo que sea inejecutable o no aparezca lo decidido; o resulte condicional o contenga ultrapetita será nula. También, se puede agregar, en atención a lo dispuesto en el artículo 57 eiusdem, que prohíbe a los jueces volver a decidir la controversia ya decidida por una sentencia anterior, que será también nula la sentencia escrita que contradiga el dispositivo de la sentencia pronunciada verbalmente en el debate oral.

Respecto de los fundamentos de la sentencia debe recordarse que los Jueces pueden basar sus fallos no solamente en normas de derecho sino también en la equidad, cuando la ley deje a su arbitrio la solución del asunto debatido, como se desprende del artículo 2° del texto en comentario. Y, además, que según el artículo 60 de la vigente Ley Orgánica del Trabajo, la equidad para la resolución de casos determinados es aplicable como fuente del derecho del trabajo, después de las normas constitucionales y legales, la convención colectiva, los principios generales laborales, la costumbre y los usos. También los jueces de juicio pueden basar sus decisiones en sus conocimientos contenidos en las máximas de experiencia, partiendo de los presupuestos de hecho debidamente acreditados en el proceso, como se establece en el artículo 121, eiusdem.

Y en materia de apreciación de las pruebas la regla, según el artículo 10, eiusdem, es la sana crítica. En esta materia un aporte importante de la Ley vigente se refiere al valor de convicción o de elemento probatorio que los jueces pueden atribuir al comportamiento de las partes en el proceso, con relación a los deberes de lealtad y probidad y de cooperación para la realización de las pruebas, según los artículos 48 y 122, de dicha Ley.

5. Palabras finales.

Con relación al procedimiento contemplado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo puede concluirse, en: 1) Que debe vencerse el temor a la oralidad, estableciendo el proceso oral y público no sólo para la materia laboral sino para todas las materias, si se quiere realizar el cometido de una justicia pronta y cumplida. 2) Que este proceso que aumenta los poderes de los jueces, requiere de un nuevo tipo de juez que sepa más derecho sustantivo y que provenga de una estricta selección, con capacidad y experiencia. 3) Que el sistema de la oralidad en el proceso debe ir acompañado de un adecuado régimen de responsabilidad judicial por error u omisión inexcusable. Y, 4) Que en la aplicación del proceso oral debe garantizarse el debido proceso con un efectivo control de sus posibles violaciones.

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