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Ponencias
La Ejecución de la sentencia Laboral

LA EJECUCUÒN DE LA SENTENCIA LABORAL
COMO DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

Dr. Alcides Sánchez Negròn

I. La Tutela Judicial Efectiva
1.1. La Tutela Judicial Efectiva. 1.2. La Tutela Jurisdiccional de los Derechos.

1.1. La Tutela Judicial Efectiva.
Asegura a todo ciudadano el texto constitucional que el Estado garantiza la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses individuales, colectivos y difusos, y ordena que los órganos del Poder Judicial ejecuten o hagan ejecutar sus decisiones. Deriva de allí que la tutela judicial efectiva se ha expresado siempre como una aspiración y una necesidad del ciudadano por un nuevo paradigma de justicia que se exprese con eficacia y efectividad.

Proscrita como está por los Estados constitucionales democráticos, sociales, de derecho y de justicia como el nuestro, hasta su virtual desaparición, el ejercicio de la justicia privada, deben esos Estados reconocer y estimular no-solo la justicia pública como el más civilizado mecanismo de solución de conflictos, sino acentuar su esfuerzo en la promoción y estructuración de nuevos mecanismos que estén basados en la intervención directa de las partes conflictuadas en la solución del diferendo, lo cual, sin lugar a dudas, se traducirá en una mejor y más resplandeciente paz social si se tiene en cuenta que con las soluciones auto compuestas u obtenidas por conciliación cada interviniente sentirá la satisfacción de haber aportado, con la cuota de sacrificio correspondiente, lo indispensable para poner término a las diferencias. En ese camino creemos deben orientarse los mayores esfuerzos, lo cual ya podemos saludar en el sistema venezolano cuando en la novísima Ley Orgánica Procesal del Trabajo se impone la conciliación como una etapa de obligatorio cumplimiento en el proceso.

Ahora bien, se puede definir la tutela judicial efectiva, con De Bernardis, como «la manifestación constitucional de un conjunto de instituciones de origen eminentemente procesal, cuyo propósito consiste en cautelar el libre, real e irrestricto acceso de todos los justiciables a la prestación jurisdiccional a cargo del Estado, a través de un debido proceso que revista los elementos necesarios para hacer posible la eficacia del derecho contenido en las normas jurídicas vigentes o la creación de nuevas situaciones jurídicas, que culmine con una resolución final ajustada a derecho y con un contenido mínimo de justicia, susceptible de ser ejecutada coercitivamente y que permita la consecución de los valores fundamentales sobre los que se cimienta el orden jurídico en su integridad».

De su parte, Eduardo García de Enterría sostiene aludiendo a explícita posición reiterada del Tribunal Constitucional español con respecto al contencioso administrativo (lo cual mutatis mutandi es perfectamente aplicable al concepto general de la ejecución en general), "que en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva está el derecho a obtener la ejecución de los fallos, que dicho derecho fundamental no se satisface simplemente con un fallo declarativo". En lo interno, esta tesis fue expresamente recogida por la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia en sentencia de 18-5-95, caso Plásticos El Guarico C. A. c/ Corpoindustria, Ponente: Dr. Humberto J. La Roche, Exp. 5.274. Pierre: A. 95. t. 5. pp. 343-348.
«En cuanto a su naturaleza sostienen Chang y Alfonzo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es de carácter público y subjetivo, por cuanto toda persona (sea natural o jurídica, nacional o extranjera, capaz o incapaz, de derecho público o privado; Aún el concebido tiene capacidad de goce), por el sólo hecho de serlo, tiene la facultad para dirigirse al Estado, a través de sus órganos jurisdiccionales competentes, y exigirle la tutela jurídica plena de sus intereses. Este derecho se manifiesta procesalmente de dos maneras: el derecho de acción y el derecho de contradicción».

Y, precisamente, uno de los elementos característicos y de los más conspicuos del derecho a la tutela judicial efectiva lo constituye el derecho que tiene el justiciable a la ejecución del fallo que le favorezca, definido como «el derecho a solicitar y obtener el cumplimiento material efectivo de la sentencia definitiva, pues resulta insuficiente la declaración de que la pretensión es fundada o infundada (aún cuando se sustente en sólidos fundamentos doctrinarios). La efectividad de las sentencias exige, también, que ésta se cumpla (pese a la negativa del obligado) y que quien recurre sea repuesto en su derecho violado y compensado, si hubiera lugar a ello, por los daños y perjuicios irrogados; de lo contrario, las sentencias, y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan a favor de alguna de las partes, se convertirían en meras declaraciones de intenciones. En este sentido, Jesús González Pérez ha señalado que: "El derecho a la tutela jurisdiccional despliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a la justicia, segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y poder obtener solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada la sentencia, la plena efectividad de sus pronunciamientos. Acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de la sentencia"».

Se dice en la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 7 de enero de 2000:

«Justicia civil efectiva significa, por consustancial al concepto de Justicia, plenitud de garantías procésales. Pero tiene que significar, a la vez, una respuesta judicial más pronta, mucho más cercana en el tiempo a las demandas de tutela, y con mayor capacidad de transformación real de las cosas. Significa, por tanto, un conjunto de instrumentos encaminados a lograr un acortamiento del tiempo necesario para una definitiva determinación de lo jurídico en los casos concretos, es decir, sentencias menos alejadas del comienzo del proceso, medidas cautelares más asequibles y eficaces, ejecución forzosa menos gravosa para quien necesita promoverla y con más posibilidades de éxito en la satisfacción real de los derechos e intereses legítimos».
1.2. La tutela jurisdiccional de los derechos.

El Estado, a través de la función legislativa, pone el derecho objetivo para ser observado por los coasociados. Cuando esa obligatoria observancia no se da de manera voluntaria, debe el Estado mismo, a través de la función jurisdiccional, poner el correctivo y asegurarla a toda costa, con la intervención del órgano judicial, lo cual configura lo que en doctrina se conoce como la tutela jurisdiccional de los derechos, tutela que en opinión de Micheli se considera "como una cosa extrínseca y eventual, respecto de la situación jurídica que debe ser tutelada, pero la única posibilidad de obtenerla concurre a calificar y a definir el ámbito y el contenido de la situación misma".

En ese marco referencial, encontramos siempre en cualquier ordenamiento jurídico una norma que tutela el derecho subjetivo, otra que garantiza su tutela judicial y otra que, concretando la actuación de esa tutela, atribuye la función al juez como órgano del Estado.

Ahora bien, la norma que consagra la tutela jurídica del derecho debe diferenciarse de la que contiene el medio para lograr eficazmente esa tutela (tutela jurisdiccional). La norma del primer tipo es una norma sustantiva o material, la cual regula la situación o relación jurídica de que se trate, mientras que la del segundo tipo es de naturaleza adjetiva o instrumental y regula el medio (proceso) del que se dispone para remediar la inobservancia del derecho, medio ese que se expresa y concreta a través de una compleja sucesión de actos dimanados de los sujetos procésales (juez, partes, auxiliares, testigos, etc.).

Violado que sea un derecho subjetivo, tiene su titular el derecho de acceder al órgano de justicia para reclamar la restitución de la situación jurídica infringida, quedando comprometido el Estado por intermedio del órgano subjetivo de la jurisdicción a pronunciar un fallo resolutorio del conflicto que de la razón a quien le corresponda.

Empero, si el justiciable no insta la jurisdicción, queda violado el derecho objetivo y renunciado el derecho subjetivo, con el resultado final de una paz social no quebrantada por decisión del interesado al disponer libremente de su derecho. Quede claro que no se trata de disponer del derecho sustantivo (el cual en algunos casos será indisponible) sino de disponer del derecho de acceder a la jurisdicción, el cual se dispone por renuncia al no ejercerlo.

II. La Ejecución

2.1. La Ejecución como Garantía y como Reserva Jurisdiccional. 2.2. La Jurisdicción y sus Funciones en la Realización Coactiva del Derecho. 2.3. La Responsabilidad: Personal y Patrimonial. 2.4. La Sanción General como Advertencia al Obligado.

2.1. La Ejecución como Garantía y como Reserva Jurisdiccional.

Sabido es que la jurisdicción es función soberana del Estado que emana de los ciudadanos, que se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley , y que se ejerce a través de los órganos jurisdiccionales a objeto de la justa composición de los conflictos ínter subjetivos de intereses jurídicamente trascendentes por un mismo bien de la vida.
Y sabido es también que, por interesar a la integridad del orden jurídico y por convenir a la paz social, en la tutela de los derechos subjetivos lesionados corresponde a la jurisdicción la actuación coactiva del derecho.

De allí deriva el que el Estado se haya reservado, de una parte, la potestad de resolver los conflictos de intereses que surjan entre los particulares, o entre éstos y el Estado, o entre los órganos del Estado mismo, y de la otra, la potestad de ejecutar todo cuanto se decida en la solución de esos conflictos, a objeto de garantizar la eficacia del derecho y de su tutela.
2.2. la jurisdicción y sus funciones en la realización coactiva del derecho.

Siendo que el Estado, para suprimir la justicia privada, se reservó el derecho de resolver los conflictos surgidos entre los justiciables como ya sabemos, debió reservarse también la potestad de ejecutar todo cuanto el órgano competente ordenare como mandato jurisdiccional contenido en la sentencia. De no haber sido así, hubiera resultado ineficaz la reserva soberana para la declaración del derecho, pues una vez declarado hubiera resultado inútil e inoperante lo resuelto por la falta de garantía a la realización eficaz del derecho declarado.

Existe para el justiciable, de una parte, la obligación general de observar y respetar el ordenamiento jurídico como un todo, pero a la vez y de otra parte, tiene la obligación de acatar las normas jurídicas que en lo particular le sujetan. Si él incumple esas obligaciones de observancia, afecta, desde luego, el orden jurídico, y afecta al mismo tiempo un derecho subjetivo tutelado por ese orden jurídico, con lo cual queda abierta la posibilidad del conocimiento jurisdiccional del conflicto, el cual, de ser llevado al punto de la composición definitiva por el juez, permite que surja, a nivel de sentencia, un mandato de condena que, aquel contra quien obra, está obligado a obedecer por emanar de un órgano con autoridad. Si no acata espontáneamente ese mandato, la eficacia del derecho permite la invasión del patrimonio del condenado para que se haga efectivo, sin y aún contra su voluntad. En este aspecto, cumple la jurisdicción una función sancionadora

Cuando se ve el asunto desde el punto de vista del contenido de la norma, cumple la jurisdicción una función represiva, pues la condena actúa coactivamente contra el que ha incumplido, tanto porque ha inobservado el precepto primario y muchas veces hasta el secundario de la norma sustancial que impone el mandato, la prohibición o la permisión, como porque esa inobservancia se concretó a pesar de la advertencia derivada de la amenaza pendiente sobre el patrimonio como sanción general .

Finalmente, con la ejecución cumple la jurisdicción una función sustitutiva, puesto que sólo el Estado tiene la potestad de aplicar la sanción en concreto para intervenir en el patrimonio del condenado.

Para la mayoría abrumadora de la doctrina, por esta función el Estado se sustituye en la voluntad del obligado-condenado, pues aquel contra quien ahora obra la condena, fue antes, como obligado, un destinatario del precepto jurídico con real opción de cumplir naturalmente la obligación; mas, producido que sea el fallo condenatorio su posición de obligado en el vínculo jurídico deja de ser y se convierte en un subiectus, con voluntad anulada, pues con ella, sin ella y aún contra ella, el Estado ejecutará lo decidido.

2.3. La Responsabilidad: Personal y Patrimonial.

Cabe entender por obligación la vinculación entre el derecho subjetivo del acreedor a una prestación (derecho de crédito) y el deber del deudor a satisfacer dicho derecho de crédito con la prestación correspondiente (débito). Ese débito genera una clara responsabilidad en el deudor.
Jurídicamente hablando y en el plano personal, la responsabilidad se corresponde con el incumplimiento de un deber jurídico por parte del obligado a observar una determinada conducta impuesta por la norma.

En lo patrimonial, la responsabilidad ha de enfocarse tanto desde el ángulo del acreedor, como desde el ángulo del deudor. En la primera vertiente, la responsabilidad se traduce en el poder del acreedor para satisfacer su crédito con el valor de los bienes del deudor, poder que nace en el momento mismo en que nace el crédito. Desde el punto de vista del deudor, la responsabilidad se concreta en el instante mismo del incumplimiento, lo cual se traduce en el derecho subjetivo del acreedor a sujetar a la satisfacción de su crédito los bienes del deudor, habida cuenta que, desde el momento en que nace la obligación, surge tanto para uno como para el otro la expectativa de cumplimiento natural y voluntario, quedando afectados a esos fines los bienes presentes y futuros del obligado, los cuales son objeto de satisfacción del crédito, como más adelante se verá.

Sobre que los bienes presentes del deudor están afectados como objeto de satisfacción del crédito no requiere mayores explicaciones. En cambio, la afectabilidad de los bienes futuros justifica algunas consideraciones.

Dispone la ley que los bienes futuros al igual que los bienes habidos son prenda común de los acreedores, no en el sentido de derecho real sino en el sentido de afectación para cubrir en general la expectativa de satisfacción de todos los acreedores. Pero no son prenda común desde el momento de la eventualidad de ingresar al patrimonio del deudor, sino cuando realmente ingresen a él, sirviendo la alusión anticipada de ellos como una afirmación del legislador a considerar afectado tanto el patrimonio como la capacidad patrimonial del deudor.

De otra parte y como una consecuencia de lo anterior, si el crédito es satisfecho con bienes presentes, no podría decirse que los bienes que ingresen al patrimonio del deudor luego de la satisfacción han estado nunca afectados a esa satisfacción concreta, pues la alusión a los bienes futuros como prenda común de los acreedores no implica que sean presentes a los fines de la responsabilidad (aún no tienen ni actualidad ni existencia), razón por la cual, extinguida la obligación, los bienes que lleguen a ingresar al patrimonio del deudor jamás tuvieron relación concreta de responsabilidad con respecto a esa relación, pues por no existir no estuvieron afectados al poder del acreedor cuyo crédito ya está satisfecho.

En su verdadero significado, pues, el sentido del mandato legal que afecta los bienes habidos y por haber del deudor para satisfacer el crédito de los acreedores, implica, de una parte, que el patrimonio (bienes habidos), como conjunto de bienes presentes, está afectado a esos fines, y lo está también la capacidad patrimonial (bienes por haber) del deudor, como potencialidad para adquirir bienes sujetos a su dominio que, al ser adquiridos, pasan a formar parte de su patrimonio.
Ya dijimos que el principio de la responsabilidad patrimonial está directa y estrechamente vinculado al concepto de obligación. Basado en ello, un sector de la doctrina alemana, con aceptación en buena parte de la doctrina universal, ha sostenido que la relación obligatoria da origen a dos momentos subsecuentes, uno de los cuales, el segundo, se da solo cuando se da el primero.

El primer momento lo constituye el débito (extremo de la relación correspondiente a la posición del deudor, que en alemán se expresa con el vocablo Schuld): Al nacer la relación obligatoria, surge la expectativa del cumplimiento natural y voluntario por parte del deudor. Esa expectativa fundamentalmente del acreedor, pero no ajena al deudor es un débito puro en razón de que, al momento de nacer la obligación, para el deudor nace el deber de cumplirla, es decir, de satisfacer la prestación a la cual se ha obligado. En ese primer momento de la relación, ésta surge entre personas, es decir, entre el acreedor y el deudor, sobre quien, por causa de una presión psíquica, se produce una tendencia psicológica a satisfacer la pretensión (esa presión psíquica surge de la amenaza de sanción general contenida en el ordenamiento jurídico cuando advierte al obligado que su resistencia al cumplimiento natural y voluntario de la obligación puede forzar a la realización coactiva del derecho actuando sobre su patrimonio actual y, eventualmente, sobre sus bienes futuros, por ser su patrimonio, en general, prenda común de los acreedores, como ya se ha dicho).

El segundo momento surge cuando se da el incumplimiento por parte del deudor, con lo cual nace la responsabilidad (Haftung en alemán), la cual es, inicialmente, una expectativa, para luego convertirse, con el incumplimiento, en una realidad concreta. Esa responsabilidad derivada del incumplimiento hace surgir, de una parte, un estado de sujeción sobre los bienes propiedad del deudor, y concomitantemente, de la otra, un derecho subjetivo del acreedor a lograr la satisfacción de su crédito con el valor de los bienes propiedad del deudor. Con el surgimiento de la responsabilidad como consecuencia del incumplimiento, la relación entre personas se transmuta en una relación entre patrimonios. Desaparece así la relación entre el acreedor y el deudor y surge en su lugar una relación entre los patrimonios de ambos (ésto, sobre todo, desde el momento histórico en que el deudor dejó de responder con su persona por las obligaciones asumidas, respondiendo en adelante con sus bienes).

De otra parte, la responsabilidad del deudor será directa sobre sus bienes habidos y por haber cuando incurra en el incumplimiento de una obligación de dar, mientras que será indirecta cuando se trate de obligaciones de hacer y de no hacer, las cuales comportan una actividad personal positiva o negativa, pues solo cuando se incumpla el hacer o el no hacer es que entrarán a responder, por equivalente, los bienes del deudor.

2.4. La Sanción General como Advertencia al Obligado.

Ahora bien, la sujeción del obligado al cumplimiento natural de la obligación (cumplimiento personal, voluntario y directo), aún sin su colaboración y contra su voluntad si fuere el caso, gravita alrededor de la sanción que se integra a la norma como uno de sus elementos (norma sin sanción no es norma jurídica), gravitación que actúa en el sentido sólo de la responsabilidad patrimonial y no de la personal del deudor, lo cual, de por sí, constituye un supuesto normativo autónomo como sanción general y no como sanción de la norma individualizada. Así se recoge en el ordenamiento interno en los artículos 1.863 y 1.864 del Código Civil, los cuales consagran, precisamente, la responsabilidad patrimonial (no la personal) del obligado, al señalar su patrimonio sea con los bienes habidos, sea con los bienes por haber, según hemos dicho como la prenda común de los acreedores, salvo aquellos casos en que hayan privilegios e hipotecas como causas de preferencia.

No puede caber duda que esas normas consagratorias de la responsabilidad patrimonial del obligado, mientras la obligación no está incumplida y sea susceptible de cumplimiento natural, funcionan solo como una amenaza sobre aquél, tanto en cuanto le advierten, señaladamente, lo conveniente de cumplir naturalmente con la obligación, pues de no ser así, actuará la sanción normativa sobre su patrimonio. Ello no significa, empero, que la norma individualizada no contenga la sanción particular para la inobservancia de su mandato, sino que aquella sanción general constituye una reafirmación del derecho a su propia coercibilidad y se presenta como una garantía a la sanción en acto cuando se de la inobservancia normativa. Son pues esas normas el enunciado de una sanción de carácter general ya se ha dicho completamente diferente a la sanción individual que cada norma particular integra como elemento. Vale decir, pues, insistiendo, que aquella sanción general refuerza las sanciones particulares, actuando en primaria función como una simple advertencia. De lo dicho emerge un esquema estructural de la norma que nos indica su integración por un precepto primario (mandato, permisión o prohibición) y un elemento secundario (sanción).

El momento del incumplimiento de la obligación da entrada, de inmediato, a la posibilidad de la actuación coactiva del derecho como sanción en acto, actuación que no se da en forma espontánea por la voluntad ejecutora del derechohabiente, sino sólo con la intervención del órgano jurisdiccional, único autorizado para la imposición de la sanción normativa, el cual, incluso, para esos efectos puede hacer uso de la fuerza pública que le permita librar de resistencias y obstáculos al acceso directo sobre los componentes del patrimonio del obligado. Esa potestad general para hacer uso de la fuerza pública por parte del órgano jurisdiccional para la ejecución de sus sentencias encuentra su fundamento constitucional en el artículo 136, único aparte, del Texto Fundamental de la República y su desarrollo legal en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el ámbito del proceso laboral se consagra esa potestad general en el artículo 182 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En suma, la sanción general normativamente establecida como advertencia o amenaza contra el obligado, opera en protección de todo derecho tutelable por vía de una pretensión de condena y no tan solo en los casos de los derechos de obligación propiamente dichos, pues si ello fuera así, quedarían desguarnecidos, sin un patrimonio que responda frente al incumplimiento del obligado, los llamados derechos de abstención, p. ej. De allí que la sanción general resulta aplicable a toda violación normativa que genere una obligación jurídica, nazca de un vínculo contractual, de un hecho ilícito o de cualquier hecho o acto capaz de generar una obligación, que al final se traduciría en una condena jurisdiccional.

III. El Proceso de Ejecución

3.1. Proceso de Cognición y Proceso de Ejecución. Nociones Preliminares. Conceptos. 3.2. Presupuestos de la Ejecución. 3.3. Fundamento Legal en Venezuela de la Ejecución sobre el Patrimonio.

3.1. - Proceso de Cognición y Proceso de Ejecución.

Nociones Preliminares.
Cuando privaba la posición puramente privadística, como sabemos, campeaba la autotutela sin proceso para la protección de los derechos, pero con la evolución del Estado y de la sociedad hacia una mayor y mejor civilización, la justicia privada fue sustituyéndose en la conciencia social hasta que se impuso la posición publicística, conceptualmente contraria a aquella, en la que sólo a través del proceso y de un tercero imparcial puede el justiciable satisfacer su pretensión. Como se ve, entonces, la evolución de la ejecución forzada coincide con la evolución del proceso en general, de modo que de aquel aberrante sistema en el que sin audiencia alguna el acreedor juzgaba en su fuero interno, sin más, el estado de incumplimiento del deudor, se pasó al estadio actual en el que sólo puede acceder al patrimonio de éste cuando el órgano de jurisdicción emite su dictamen y lo ejecuta él y solo él con el imperio que le confiere el Estado que lo crea y designa.

En todo caso, la función que cumple la ejecución forzada se traduce, básicamente, en la remoción de los obstáculos que pone a la actuación del derecho la insatisfacción de la pretensión del acreedor. Para el cumplimiento de esa función de limpieza de los estorbos impedientes, la ejecución se estructura como un conjunto de exigencias contrapuestas entre sí, pues de un lado se presenta la necesidad de considerar el interés del acreedor, y del otro la necesidad de causar el menor perjuicio posible al deudor sobre cuyo patrimonio actúa todo el poder jurisdiccional del Estado.

De modo pues que al suprimirse la autodefensa como medio de resolver los conflictos de intereses, asumió el Estado esa función, prohibiendo la intervención directa de los particulares en la resolución no pacífica de los mismos. A partir de allí, el Estado asumió, en forma exclusiva, la jurisdicción como una función encaminada a la tutela jurídica mediante la actuación de la voluntad concreta de la ley, actividad que desarrolla a través de los jueces como órganos jurisdiccionales.

Conceptos.
Proceso. Por proceso, como concepto amplio, podemos entender la actividad mediante la cual el órgano competente del Estado desarrolla la función jurisdiccional, a través de una coordinada sucesión de actos preclusivos que se desarrollan a través del tiempo con el propósito de formar un acto final.

Como concepto particular, proceso laboral es aquel que se lleva a cabo para el desenvolvimiento de la función jurisdiccional en materia del trabajo, según los términos del artículo 1 de la Ley Orgánica del Trabajo, o también, el instrumento dentro del cual se desarrolla la actividad mediante la cual el órgano de jurisdicción en sede laboral desarrolla su función a instancia de parte con el propósito de formar, con el cumplimiento de actos preclusivos que se desarrollan a través del tiempo, un acto final pronunciado por ese órgano en el cual se concrete la voluntad abstracta de la ley para componer un conflicto intersubjetivo de intereses por un mismo bien de la vida.

El conjunto de actos sucesivos y preclusivos que conforman el proceso se conoce con el nombre de procedimiento.

Proceso de cognición. Constituido el proceso por iniciativa de parte y con el llamado y presencia válida del demandado, se abre la etapa de conocimiento del mismo en el cual las partes exponen su alegaciones y desarrollan y demuestran las razones en que hacen descansar sus respectivas pretensiones, después de lo cual el juez pronuncia su sentencia de mérito estimando o desestimando las pretensiones del actor. En esta etapa, el proceso se inicia con la demanda y concluye con la sentencia con la que el juez decide la controversia.

Proceso de ejecución. En lo que concierne a la idea del proceso laboral que hemos enunciado, cabe decir que la función jurisdiccional no se agota con el pronunciamiento de la sentencia definitiva proferida por el juez para poner término a la etapa de cognición del proceso, pues además de la constatación y declaración de los derechos sobre el punto debatido, es menester proveer a la satisfacción de esos derechos. En el decir de Liebman, "además de formular la regla jurídica concreta que regula una determinada situación, es necesario proveer a actuarla, a traducirla en hechos reales, modificando la situación de hecho existente, en modo de hacerla que llegue a ser conforme a lo que debería ser".

Todo incumplimiento obligacional da origen a una sanción, más cuando el incumplimiento es del mandato contenido en una sentencia o de una obligación contenida en un título ejecutivo, la sanción se particulariza en una sanción ejecutiva que, con el mismo Liebman, podemos definir como "aquella medida que procura la satisfacción coactiva del derecho del acreedor, superando el obstáculo creado por la falta de cumplimiento del deudor mediante el ejercicio del poder de los órganos jurisdiccionales, los cuales alcanzan su objeto prescindiendo de la buena voluntad y de la colaboración del deudor".

Es así, pues, que la tutela jurisdiccional se conforma por dos partes indisolubles: de un lado el proceso de conocimiento previo e indispensable para la realización del derecho en el caso concreto y del otro el proceso de ejecución con el cual se logra la eficacia de la sentencia y se logra satisfacer de manera efectiva los derechos en ella declarados. Ambos procesos, como dice Liebman, constituyen de conjunto "el cuadro de las actividades fundamentales, por medio de las cuales se ejercita la jurisdicción... Entre el proceso de cognición y el de ejecución, la distribución de los cometidos se hace por la ley con mucho rigor, en armonía con la función propia de cada uno de ellos. Por eso, en principio, corresponde al primero, y a él solamente, juzgar sobre la razón o sobre la falta de razón de las partes; corresponde al segundo, y solamente a él, proveer a la actuación de la sanción"

Usando, en ese sentido, ideas de Carnelutti, "si la razón no sirve por sí sola, habrá que usar la fuerza". Parte el maestro, para llegar a esta conclusión, de considerar que en la relación jurídica obligacional, cuando una de las partes no subordina su interés al interés ajeno surge un "conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro", pretensión esa que está discutida. Cuando la pretensión deja de estar discutida y se crea la certeza del pretensor, la resistencia del deudor hace surgir una pretensión insatisfecha, la cual debe satisfacerse por vía de la efectuación del mandato a través de un proceso que se conoce como ejecución. Afirma el inolvidable genio de la ciencia jurídica: «Con referencia al mandato jurídico, el significado de ejecución se concreta en el acto o conjunto de actos necesarios para determinar la situación conforme al mandato mismo. Pero en este punto son posibles dos hipótesis, a las que corresponden las dos especies de ejecución conocidas con los nombres de ejecución voluntaria y forzosa, según que la efectuación del mandato, es decir, la determinación de una situación de hecho conforme a la misma, se produzca por parte del obligado o contra él: en el primer caso, la ejecución no es más que el cumplimiento; en el segundo, supone la violación del mandato, es decir, el incumplimiento de la obligación. En el primero de estos casos, la situación determinada es conforme al precepto, en el segundo es conforme a la sanción, que, precisamente, está llamada a actuar en el supuesto de violación del precepto».

Empero, a pesar de esa exigencia de lógica y de justicia para que la declaración del derecho pretendido sea previamente establecida a toda ejecución, «la coerción como decía Couture es una consecuencia de las sentencias de condena pasadas en cosa juzgada. Pero esa consecuencia no significa que toda sentencia de condena se ejecute, sino que toda sentencia de condena es susceptible de ejecución si el acreedor la pide. Una de las tantas paradojas de la cosa juzgada consiste en que, siendo más vigorosa que cualquier norma del orden jurídico, es al mismo tiempo tan frágil que puede modificarla un simple acuerdo de los particulares, en cuanto a los derechos y obligaciones en ella atribuidos».

3.2. Presupuestos de la Ejecución.

Además de los presupuestos procésales generales («antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal») , tales como, entre otros, la capacidad procesal de las partes, la competencia del juez, la caducidad del derecho, el emplazamiento válido, la ausencia de impedimentos que deriven de la litispendencia o de compromiso, etc., los presupuestos de la ejecución son tres:

El título. Como primer presupuesto, para acceder a la ejecución es menester que el acreedor esté provisto de un título documental idóneo que apareje ejecución, enunciado por el brocárdico nulla executio sine titulo (no hay ejecución sin título).

Para que el Estado pueda ejercer toda la fuerza de su potestad ejecutora como función jurisdiccional, es decir, para que el Estado pueda aplicar la sanción general que actúa como amenaza sobre el patrimonio del obligado, es menester la existencia de un presupuesto que justifique la actuación concreta de la sanción. Ese presupuesto lo constituye "una situación de derecho sustancial, y al mismo tiempo procesal, es decir, por el hecho de que exista, o mediante un documento del cual resulte la declaración judicial de certeza del derecho, o mediante otro documento elevado por la ley a documento equivalente, la certeza del derecho, esto es, la certeza de los concretos derechos y obligaciones jurídicas provenientes de determinadas normas jurídicas".

"En otras palabras, es necesario que de un documento al cual el derecho procesal objetivo vincula la certeza del derecho en el caso particular (título ejecutivo), resulte esa certeza, efectiva o solamente presunta (declaración judicial de certeza inopugnable, o simple presunción de certeza a través de documentos equivalentes), situación jurídica de derecho sustancial que representa el presupuesto de la actividad sustitutiva del Estado al derechohabiente en la realización coactiva de tal derecho".

Ahora bien, siendo la sentencia el único y verdadero título documental que es autosuficiente como título ejecutivo (no simplemente habilitado para acceder a la ejecución), ella solo será plenamente eficaz cuando sea ejecutoriada, es decir, cuando esté definitivamente firme, es decir, que contra ella no quepa ningún recurso ordinario o extraordinario. Desde luego que debe tratarse de una sentencia proferida por juez competente, que debe estar firmada por todos los jueces que hubieren concurrido a su dictado y que el juez de la ejecución sea competente. Además, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 1.930 del CC, «los bienes, derechos y acciones, sobre los cuales haya de llevarse a cabo la ejecución, no podrán rematarse sino después que haya una sentencia ejecutoriada o un acto equivalente, y que se haya determinado el crédito, cualquiera que sea su naturaleza, en una cantidad de dinero».

La instancia ejecutiva. Como segundo requisito propio de la ejecución se presenta la instancia ejecutiva, enunciada con el brocárdico ne procedat iudex executio ex officio (no se puede proceder a la ejecución sin instancia de parte, o lo que es igual, no puede el juez proceder de oficio a la ejecución). Es la instancia ejecutiva, como expresión procesal, la consagración en esta fase del proceso del principio dispositivo que reserva a la parte interesada la instancia procesal. Así como para dar inicio al proceso de cognición es menester instancia del demandante, para dar inicio a la etapa de ejecución de la sentencia es requerida también la instancia de parte, con la particularidad que en el novedoso proceso laboral que el juez podrá fijar de oficio por auto expreso, cuando se pueda llevar a cabo la ejecución en la oportunidad señalada, una nueva oportunidad para la ejecución.

Con base en lo dicho, se puede conceptuar la instancia ejecutiva, siguiendo a Liebman, como "el derecho a la actuación de la sanción", haciendo que el órgano jurisdiccional invada la esfera de derechos del obligado (sujeto de la responsabilidad ejecutiva), a fin de proveer de su patrimonio los bienes para satisfacer el derecho del acreedor.

Patrimonio ejecutable. Como tercer presupuesto está la necesidad de un patrimonio sobre el cual hacer actuar, manu iudiciis, el imperio de la jurisdicción, pues en el concepto moderno del derecho no es posible la ejecución sobre la persona misma del deudor sino sobre los bienes que compongan su patrimonio.

Es característico de la sentencia penal que se ejecuta in personam, es decir, la condena privativa de libertad la cumple personalmente el reo. En cambio, la sentencia que implica una condena no penal se ejecuta in rem, es decir, sobre el patrimonio del deudor y nunca sobre su persona.

El objeto de la ejecución es el patrimonio del condenado a dar, hacer o no hacer, ello porque, como lo sostiene Liebman, «la obligación es en sí misma siempre incoercible, porque el derecho no puede en modo alguno constreñir al deudor a tener, cuando no lo quiera, el comportamiento al que está obligado. Pero el interés del acreedor queda igualmente satisfecho, si él obtiene el bien al que tiene derecho por obra de un tercero y en particular por la actividad de los órganos jurisdiccionales».

Consiguientemente, sin patrimonio no hay coerción posible, pues la dignidad de la persona humana impide actuar sobre la persona del deudor. Y, ante el hecho mismo de la ausencia de patrimonio ejecutable, el Derecho se rinde y ha de reconocer su impotencia para lograr alcanzar su objeto, que no es otro que el restablecimiento del equilibrio roto por el incumplimiento del deudor.

De otra parte, el incumplimiento puede estar referido a la obligación originaria o primaria como a la obligación derivada o secundaria, supuesto que se da cuando aún ante el incumplimiento es posible todavía el cumplimiento de la prestación, surgiendo de aquel incumplimiento la obligación secundaria de cancelar los daños y perjuicios (p. ej.: el no pago de las prestaciones sociales genera intereses moratorios, resultando que el dinero para satisfacer aquellas deberá entregarse (obligación primaria) y deberán cancelarse, además, los intereses moratorios como daños y perjuicios (obligación secundaria).





3.3. Fundamento Legal en Venezuela de la Ejecución sobre el Patrimonio.

En el ordenamiento jurídico venezolano, la regla legal que consagra como principio general, la realización coactiva sobre el patrimonio y no sobre la persona del deudor está contenida en los artículos 1.863, 1.864 y 1.929 del Código Civil.

El primero establece:
"Artículo 1.863. El obligado personalmente está sujeto a cumplir su obligación con todos sus bienes habidos y por haber".


El segundo:
"Artículo 1.864. Los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores, quienes tiene en ellos un derecho igual; si no hay causas legítimas de preferencia".
"Las causas legítimas de preferencia son los privilegios y las hipotecas".

El tercero dispone:
"Artículo 1.929. Las sentencias que hayan de ejecutarse por los Tribunales de la República, se llevarán a efecto sobre los bienes muebles o inmuebles del deudor y sobre sus derechos y acciones que puedan enajenarse o cederse".

Estas normas, como se ha dicho, establecen el principio general de la responsabilidad patrimonial del deudor y contienen una sanción general a nivel de amenaza, como coacción psicológica, contra todo deudor para el caso de que no cumpla con su obligación.
Cada norma jurídica contiene un precepto y una sanción. El precepto es el elemento primario de la norma y contiene la amenaza. La sanción es el secundario y cuando se viola el precepto, la amenaza se convierte en sanción en acto.

Aplicando lo dicho al caso de los artículos antes transcritos el precepto lo constituye el señalamiento de los bienes del deudor como la prenda común de los acreedores, pues responde de sus obligaciones con sus bienes habidos y por haber. En ello consiste la amenaza: si no cumples con tus obligaciones, los acreedores podrán lograr el cumplimiento sobre tus bienes.

IV.- Ejecución de la Sentencia

4.1. Introducción. 4.2. Concepto de Ejecución de Sentencia. 4.3. Sentencias Ejecutables. 4.4. la Realización Forzosa. 4.5. El Desistimiento en la Ejecución. 4.6. El Juez de la Ejecución. 4.7. Continuidad de la Ejecución. 4.8. Defensas Contra la Ejecución.

4.1. Introducción.

Es incuestionable que, una vez declarado cierto el derecho discutido del pretensor, sea ello por un fallo definitivo y firme, sea por virtud de un laudo arbitral ejecutable, sea como consecuencia de un título equivalente (convenimiento o transacción homologados ), sea por cualquier título que apareje ejecución, debe aquél que resulte jurídicamente obligado dar cumplimiento a esa obligación de manera espontánea. Mas, puede suceder que, a pesar de todo, el obligado no cumpla voluntariamente, caso en el cual queda inobservado el mandato que la norma impone al particular obligado por la condena judicial. En ese supuesto, no puede el Estado ("órgano específico del derecho", como lo denomina Ugo Rocco, profesor de la Univ. de Nápoles, en Tratado de Derecho Procesal Civil, Vol. IV, Parte Especial, Proceso Ejecutivo, p. 4, Temis-Depalma, Bogotá-Buenos Aires, 1976) permitir que el ordenamiento jurídico -cuya observancia por todos los asociados es fundamental para el equilibrio y la paz social- se vea alterado por una resistencia injusta de parte de quien carece del derecho para hacerlo, con lo cual también, en modo cierto, se afecta el principio de autoridad del Estado.

Esa resistencia de adecuar la conducta a la norma y, desde luego, al mandato jurisdiccional, fuerza a desembocar en que si no se reprime coactivamente por el Estado mismo esa rebeldía, el derecho del justiciable quedará sin la tutela jurídica que se le ha garantizado como miembro de la sociedad desde el momento mismo en que se suprimió la justicia privada como método de composición de los conflictos y asumió el Estado, en su lugar, el deber de resolverlos (reserva estatal de la jurisdicción) a través de los jueces (órganos especializados investidos por el mismo Estado de facultad jurisdiccional). Con la eficacia de la tutela jurisdiccional actuando coactivamente el derecho, se garantiza la observancia y respeto del derecho objetivo y la tutela jurídica de los derechos subjetivos vulnerados.

De otra parte, la ejecución de sentencia supone, en términos de instancia primaria, el ejercicio de una acción de condena con remota pretensión a una sentencia de la misma naturaleza y a la eventualidad, en caso de incumplimiento por parte del condenado, de una subsiguiente actuación jurisdiccional para la obtención coactiva de la satisfacción de la pretensión insatisfecha del derechohabiente.

4.2. Concepto de Ejecución de Sentencia.

Declarada judicialmente la certeza de un derecho y producida la condena por medio de la sentencia u otro título equivalente, aquel contra quien obre esa condena debe cumplir con lo ordenado y si opusiere resistencia deberá procederse a la realización coactiva del derecho declarado cierto, ello en virtud de que no cumpliría el Estado con su deber de tutelar efectivamente los derechos subjetivos y de velar por la estricta observancia del ordenamiento jurídico si no tuviere la potestad de lograr que voluntaria o coactivamente se cumpliera con lo ordenado por el órgano jurisdiccional al hacer el pronunciamiento sobre la composición de la litis. Si no se ejecutare la sentencia "la finalidad del derecho y la de la jurisdicción misma quedarían frustradas si el Estado no dispusiese de los medios prácticos para hacer cumplir el fallo"; o como decía Couture, "en el orden del derecho, ejecución sin conocimiento es arbitrariedad; Conocimiento sin posibilidad de ejecutar la decisión, significa hacer ilusorios los fines de la función jurisdiccional".

Con la ejecución de la sentencia, pues, cumple el Estado una obligación jurídica pública que se corresponde con el derecho subjetivo público del ciudadano para que, una vez presumida o declarada la certeza legal del derecho, se proceda a la realización coactiva del mismo si hubiere resistencia al cumplimiento voluntario por parte del obligado.

Es el proceso de ejecución sostienen Olea y Miñambres aquel en el que se pide del órgano jurisdiccional una manifestación de voluntad, una conducta determinada, distinta de la declaración que caracteriza los procesos de cognición, para hacer efectiva una pretensión reconocida por una sentencia firme.

En el nuevo sistema ritual del trabajo, la ley ha vertebrado un orden propio de ejecución que atribuye a los Jueces de Sustanciación, Mediación y Ejecución como jueces del primer grado de jurisdicción, el poder de ejecutar forzosamente las sentencias dictadas por ellos mismos o por los Juzgados Superiores del Trabajo que hayan adquirido la eficacia de la cosa juzgada, los fallos arbítrales también definitivamente firmes y las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia. La ejecutabilidad de los laudos arbítrales por los Juzgados de Primera Instancia deviene del reenvío contenido en el artículo 183 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que ordena observar, en la ejecución de la sentencia laboral, lo normado en el Título IV, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, uno de cuyos artículos es el 523 que establece: Si fuere un Tribunal de arbitramento el que haya conocido en primera instancia, la ejecución corresponderá al Tribunal natural que hubiere conocido del asunto de no haberse efectuado el arbitramento. Resta decir que los laudos arbítrales no pueden ser ejecutado por los árbitros que los profieran porque ellos carecen del imperio que tienen los jueces para la ejecución de sus decisiones.
4.3. sentencias ejecutables.

Como principio, no toda sentencia es ejecutable, pues lo son tan solo:

Las sentencias ejecutoriadas (definitivamente firmes), es decir, aquellas contra las cuales, por agotamiento de los recursos o por preclusión, no cabe ya ningún tipo de impugnación recursiva.
Generalmente las sentencias de condena que tengan un contenido cierto y líquido en el quid y en el quantum.

Se ejecutan, además de las sentencias de fondo, de condena y definitivamente firmes, las siguientes decisiones:

Los decretos intimatorios de juicios ejecutivos firmes.
Las providencias de liquidación de costas y honorarios de abogados y auxiliares de justicia.
Las sentencias extranjeras y los laudos arbítrales (en ambos casos la condena está en la sentencia, pero la ejecutividad en el pronunciamiento del Juez nacional en el primer caso y del Juez natural que le hubiera correspondido conocer del asunto en el segundo caso).
Las soluciones anormales del proceso que impliquen un cumplimiento de condena patrimonial.

Es elemento común a toda sentencia el que contenga una declaración de certeza con respecto a un derecho, declaración con la cual el juez aplica la voluntad abstracta de la ley al caso concreto. Empero, no hay un procedimiento común para la ejecución de todas las sentencias. Así:

Sentencias merodeclarativas. Ellas se bastan por si solas para satisfacer el interés en favor de quien se hace actuar la voluntad concreta de la ley, sean estimatorias o desestimatorias de la demanda. Ejemplos: la sentencia desestimatoria de toda demanda, inclusive de aquellas cuyo objeto haya sido una pretensión de condena; y la sentencia que se dicte en los juicios de rectificación del estado civil.

Sentencias constitutivas. Las sentencias que constituyen un estado o derecho no requieren de ejecución pues se bastan por sí mismas y proyectan sus efectos constitutivos hacia el futuro, siendo meramente declarativas hacia el pasado. Ejemplos: la sentencia de divorcio, o sobre el reconocimiento o declaración de filiación, o sobre el desconocimiento de hijos, o sobre la nulidad o disolución del matrimonio.

Empero, vale decir, al igual que en el caso de las sentencias mero declarativas, que es posible con respecto a algunas sentencias constitutivas la necesidad, para extender los efectos a terceros, el cumplimiento de ciertas formalidades posteriores al fallo (p. ej. la inscripción en el Registro Público), formalidad cuyo incumplimiento, en todo caso, no priva a la sentencia de sus efectos.

Sentencias de condena. Son aquellas sentencias que, además de la declaración del derecho, agregan contra el vencido un mandato de condena por un dar, un hacer o un no hacer. Para su ejecución, al vencido se le da la oportunidad para el cumplimiento voluntario de lo condenado, mas si ese cumplimiento voluntario no se diere se procede a la ejecución forzada por el órgano jurisdiccional.

En lo concreto, el procedimiento de ejecución de sentencia sólo es aplicable a las sentencias declarativas de un derecho que contengan un mandato de condena, debiendo aclararse que la ejecución ni obra ni puede obrar contra terceros que no hubieren intervenido en el proceso de cognición, pues res iudicata tertiis non nocet y solo inter alios acta.

4.4. La Realización Forzosa.

Concluida la fase de cognición, proferido y firme que sea el fallo, se procede a la ejecución forzada, también conocida en doctrina como realización forzosa, la cual se puede conceptuar como la forma general y ordinaria de convertir a los bienes embargados en objetos idóneos para que el Juez decida del modo que se precisa en una ejecución procesal.

En Derecho Comparado, esa realización forzosa puede presentarse como una adjudicación forzosa (se utiliza el bien embargado en sí mismo), como una enajenación forzosa (se utiliza el bien en su valor de cambio) y como una administración forzosa (se utiliza el bien en su valor de uso). La realización forzosa y sus tres manifestaciones típicas constituyen actos procésales instructorios de ejecución, en el sentido que doctrinariamente se le atribuye, genéricamente, a los actos de esta naturaleza, es decir, como aquellos que se proponen, directa o inmediatamente, utilizar, de modo específico para que la institución procesal consiga su verdadera finalidad; y específicamente en el proceso de ejecución, como el medio propio para que éste cumpla con su fin, obteniendo bienes que permitan al Juez llevar a cabo las operaciones materiales que permitan satisfacer la pretensión del acreedor, obtención que se logra incorporándolos al proceso y convirtiéndolos, por realización procesal, en entes idóneos para que se pueda verificar la decisión procesal. El acto por el que se incorporan al proceso se llama embargo y el acto por el que se convierten se llama realización forzosa (adjudicación, enajenación y administración). (Cfr. Guasp, o. c., t. I, p. 265).

4.5. El Desistimiento en la Ejecución.

Por lo que al desistimiento concierne, es principio insoslayable que en la ejecución de sentencia no puede desistirse de la pretensión planteada para instar el proceso de cognición, pues ya para el momento de la ejecución han precluido todas las oportunidades de alegar con respecto a los hechos que allá se debatieron. Empero, nada impide que el ejecutante pueda desistir de la ejecución y con ello renunciar a obtener la satisfacción de su pretensión o de lo condenado a su favor, pero esa renuncia sólo puede recaer sobre elementos patrimoniales y no sobre situaciones de estado y capacidad de las personas, las cuales, por ser de orden público, no son ni renunciables ni relajables por convenios particulares.

4.6. El Juez de la Ejecución.

Según el principio ordinario y general, iudex cognitionis est iudex executionis, lo cual significa que el juez de la ejecución es el juez de la cognición. Ahora, como quiera que la nueva organización judicial en sede laboral divide el trámite de la primera instancia en dos jueces: el de sustanciación, mediación y ejecución, y el de juicio; la ejecución del fallo condenatorio o de cualquier acto equivalente a él corresponde al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, quien tramita solo la primera fase de la cognición, hasta la contestación de la demanda.

El juez de la ejecución del fallo laboral tendrá sus poderes de imperio delimitados por los términos de la sentencia, de tal manera que tiene que ejecutarla solo en favor del vencedor (ejecutante), sólo contra el vencido (ejecutado) y sólo en cuanto a la obligación objeto de la condena, sin poder modificar nada de tales extremos. Y puede, a nuestro criterio, rectificar errores materiales contenidos en el dispositivo del fallo, siempre que la corrección se base en elementos que consten en el propio texto de la sentencia.

Puede, asimismo, disponer de todas las medidas que a su juicio fueren necesarias para garantizar que la ejecución del fallo sea efectiva y no se haga ilusorio, lo cual le confiere un amplísimo poder cuya limitación quedará no sólo a su discrecionalidad y prudencia para evitar exageraciones dañosas, sino a la futura construcción de una doctrina judicial que imponga las limitaciones a esa amplísima discrecionalidad, siempre peligrosa si no se da la automedida que impone la serena utilización del poder.

Particular consideración debe hacerse en lo que concierne al obligatorio pago de intereses moratorios y de la corrección monetaria desde la fecha del decreto de ejecución, si el condenado no cancelare voluntariamente lo ordenado en la sentencia, pues encontramos una dificultad que deberá resolverse en el curso de la aplicación de la novísima ley cuando se dispone que ambas cancelaciones deberán hacerse hasta el momento de la materialización de la ejecución de la sentencia, lo cual, a nuestro juicio, implica la dificultad que no siendo el juez perito que pueda calcular la indexación monetaria por no ser dicho cálculo una simple operación aritmética, siempre dependerá de un perito que deba hacer dicho cálculo, cuando no sea requerido del Banco Central de Venezuela, siendo imposible entonces que se pueda cumplir con lo dispuesto en la norma del pago al momento de la materialización.

4.7. Continuidad de la Ejecución.

Es de principio que una vez iniciada la ejecución, ella debe continuar de derecho y no interrumpirse. Sin embargo, es posible que en el curso de la ejecución se den supuestos específicos que fuercen a la suspensión o a la interrupción de la misma. Así, son causales de suspensión de la ejecución:

1. El mutuo acuerdo de las partes, el cual debe constar en los autos. La suspensión debe ser por tiempo determinado con exactitud y no por tiempo indefinido.
2. El alegato por parte del ejecutado de la prescripción de la ejecutoria consumada, lo cual debe evidenciarse de las actas del proceso.
Conforme al único aparte del artículo 1.977 del Código Civil, la acción que nace de una ejecutoria prescribe a los veinte años.
3. El pago íntegro de todo lo ordenado por la sentencia, siempre que sea alegado por el ejecutado en su oposición, acompañando en el mismo acto prueba auténtica que demuestre el pago.
4. Cuando un tercero se opusiere a la ejecución antes de haberse ejecutado la sentencia y fundare su tercería en instrumento público, que, por su naturaleza, hace fe de lo expresado en él.
En la ejecución de la sentencia sólo pueden oponerse defensas que no menoscaben la incontrovertibilidad de la cosa juzgada.

4.8. Defensas contra la Ejecución.

Como regla general, durante la ejecución solo pueden promoverse defensas con respecto a los hechos y actos de la ejecución, sin que puedan promoverse defensas correspondientes a los hechos y actos de la etapa cognoscitiva del proceso. Sin embargo, durante la ejecución, si bien quien hace los señalamientos a los fines del embargo es el ejecutante, se deben proteger los derechos e intereses patrimoniales del ejecutado, para evitar excesos que le produzcan perjuicios, habida cuenta que la ejecución produce serios efectos sobre el patrimonio del ejecutado.

Entre las defensas que podrían ejercerse en la etapa de ejecución estarían, por ejemplo, la incompetencia del juez de la ejecución; la falta de capacidad del ejecutado; la no ejecutoriedad de la sentencia ejecutada; la falta de firma del juez en la sentencia; la falsedad material de la sentencia; la inexistencia de la sentencia como título y no como verdad declarada; la adulteración de la misma o la falsedad de la copia que la prueba; La existencia de plazo pendiente para el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia; la falta de otorgamiento del lapso para el cumplimiento voluntario; la falta de representación de quien actuando como presunto apoderado ha solicitado la ejecución del fallo; que el juez de oficio ordenó la ejecución voluntaria; que la ejecución se está verificando contra quien no fue parte en el juicio; etc.

Para ejercer las defensas en la etapa de ejecución no hay plazo alguno, solo que deben ser promovidas antes de concluirse.

Ciudad Guayana,
22 de noviembre de 2003










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